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“MILLONARIOS, A COSTILLAS DEL PUEBLO”, Alejandro Aguirre

La práctica política guatemalteca se ha reducido a un mero afán de negocios y riqueza, donde la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta la sociedad, parece ya no ser un asunto que le importe a la mayoría de políticos, subraya el profesional, afirma Alejandro Aguirre, Coordinador del Instituto por la Democracia (ID) de la Congcoop
Ronald Mendoza / rmendoza@cronica.com.gt
¿Cree que los últimos casos de corrupción denunciados por la CICIG y el MP prueban contundentemente que el Estado se ha vuelto en el principal proveedor de riqueza para buena parte de la clase política actual?

Efectivamente. En los últimos procesos electorales, lo que ha estado en juego, es quién o quiénes de la clase política se quedan con los negocios del Estado; es decir, de los recursos, vía adquisición de bienes y servicios, a través de negocios espurios y corruptos. Entonces, vemos personajes de la política que de la noche a la mañana son millonarios, a costillas del erario nacional y del pueblo de Guatemala.

De aceptar esto, ¿podría estimarse cuánto ha costado hasta hoy esta perversión de la política en la democracia, inaugurada en 1985?

Hay que mencionar que la corrupción ha imperado en todos los Gobiernos de la era democrática. Es difícil mencionar una cantidad exacta, pero no cabe duda que son miles de millones de quetzales. En algunos estudios realizados, se menciona que el 30 por ciento del presupuesto nacional se va en corrupción. Solo como ejemplo, podemos mencionar el 2015, que puede llegar a los Q.21 millardos.
¿Quiénes pagan el costo más alto de todo este desvío de recursos públicos a bolsillos particulares?

La población en pobreza y pobreza extrema, que representa el 54 por ciento de la población. Estamos hablando de más de ocho millones de guatemaltecas y guatemaltecos, que no contarán con salud, educación, desarrollo rural, seguridad, vivienda, entre otros.

Entonces, ¿es necesaria la extinción de dominio sobre la riqueza que han acumulado estos funcionarios; por ejemplo, los políticos y exfuncionarios hoy señalados por el MP y la Comisión? Sí es necesaria, para recuperar los recursos que son del pueblo de Guatemala, y que dichos recursos sean utilizados en gasto social, dirigido a la población en pobreza y pobreza extrema.

Según estudios que ustedes han realizado, ¿con cuánto vive una familia de extrema pobreza versus un funcionario público (con o sin esta riqueza ilícita)? ¿Cómo evalúa esta gran diferencia de ingresos?

El país tiene uno de los niveles más altos de desigualdad en América Latina.
Los salarios mínimos (agrícolas y no agrícolas) del 2015 (Q.2,644.36), no cubren la Canasta Básica de Alimentos (junio/15 Q.3,405.60), sino solo en un 77.6 por ciento; mientras los mismos ingresos apenas alcanzan para asumir el 42.6 por ciento del costo de la Canasta Básica Vital. En contraposición, tenemos a los funcionarios públicos de alto nivel que perciben grandes ingresos, mismos que se ven incrementados por los actos de corrupción que realizan.
Así, dichos ingresos no son nada, comparables a los salarios mínimos que muchas veces no se cumplen, principalmente en el área rural, donde la mayoría de la población vive con menos de $2.oo al día.
Esta es una realidad que debe cambiar, para ello es necesario que se tengan funcionarios públicos honestos, quienes impulsen políticas públicas acordes, para sacar de la pobreza a la mayoría de la población.

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