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Las adopciones se caen

El ordenamiento jurídico no permite, tal y como lo establece la Ley de Adopciones, que el proceso sea ágil y eficiente.

El año pasado se dieron en adopción a 75 niños. Detrás de ello se encuentra la excesiva burocratización, la lentitud del sistema de justicia, la debilidad presupuestaria y de recurso humano de las entidades vinculadas al proceso de entrega de menores de edad a familias adoptivas.


Debby Ríos /Crónica


De puerta abierta a cerrada con doble candado. Así se podría decir que ha sido la oscilación que ha tenido la entrega en adopción en el país de niños huérfanos o abandonados. Y es que antes del 2007, cuando se aprobó la Ley de Adopciones, en promedio 5 mil niños eran entregados al año a familias que los acogían como propios.

Fue una etapa que se caracterizó, ante la falta de regulación, porque los pequeños eran vistos como objetos y mercancías que se vendían al mejor postor, que generaban jugosas ganancias, sin importar su bienestar.

Con la entrada en vigencia de la normativa, esa actividad ilegal, desapareció, y la cantidad de niños dados en adopción descendió drásticamente, a tal punto que el año pasado fueron adoptados aproximadamente 75.

De la mano del descenso se han sobrepoblado las instituciones estatales que les dan albergue y abrigo a los menores que no tienen una familia y se han generado otros inconvenientes que atentan contra los derechos de la niñez.

Tratamos de cerrar las puertas y cuidar los procesos de adopción que nos encontramos con mucha burocratización de los procesos. Es por ello que antes salían cinco mil niños anualmente en adopción y eso era malísimo; pero hoy estamos hablando de menos de 100, con procesos muy tardados. Ello tiene que ver con todo el sistema, la ley es buena, pero su aplicación o implementación está generando muchos problemas, afirma Leonel Dubón, director de la Asociación Refugio de la Niñez.

Sin dinero y debilidad institucional

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Gloria Castro, defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), al hablar de la lentitud de los procesos de adopción y de sus consecuencias, dice: El Estado no está asignando los presupuestos necesarios para garantizar los derechos de los niños y adolescentes, se están dando adopciones mínimas en comparación con los niños y niñas que necesitan que se les restablezca el derecho a una familia. Se debe fortalecer la Procuraduría General de la Nación, porque la declaratoria de adoptabilidad depende de la investigación que ellos realizan, pero tan debilitada como está, tarda más en realizar las ya de por sí lentas investigaciones.

La excesiva burocratización de todas las instituciones que participan en el proceso, según expertos consultados, genera un círculo vicioso que se trasmite de una entidad a otra. De esa cuenta la resolución que indica que un niño es adoptable, y que emite con tardanza un juez, depende de la investigación demorada que hace la Procuraduría General de la Nación (PGN) y luego el equipo multidisciplinario del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), también se tarda más de la cuenta en evaluar a las familias a las que se entregará a los menores. Al final, los tiempos terminan siendo perversos y el proceso de adopción en general termina siendo no amigable, muy extenso y desalentador, a tal punto que hay familias que desisten de continuar.

Doctos en la materia consideran que desde el momento en que los niños pasan más del tiempo indispensable institucionalizados, ya se están violando sus derechos y concuerdan en que el Estado está en la obligación de agilizar los procesos. Sobre todo porque después de los siete años disminuye la demanda de padres adoptivos.

De hecho, la mayor ventana de oportunidad de adopción es antes de los cinco años de edad. Pero, además, hay otros beneficios de que ello ocurra en ese período. Entre menos tiempo esté un niño institucionalizado, más rápido se adapta —a la adopción— y el trauma de la separación familiar es menos evidente, expone Dubón.

En tanto que Castro, de la PDH, comenta: Todo el sistema de protección de niñez y adolescencia debe engranarse a manera de agilizar los procesos, porque en las familias sustitutas los niños pasan hasta dos años, se forman vínculos y en el marco del interés superior del niño no debería ser separado de esas familias. Pero cuando se separan porque sale la sentencia de adoptabilidad, se descontextualiza al niño al ser integrado a otra familia.

Mientras que Dubón señala: Hace falta hacer una revisión profunda, porque hay niños que tienen años sin un caso resuelto, he visto mucha frustración de parte de CNA cuando está a la espera de la resolución de un juez y la misma tarda meses o años, he visto la angustia de la PGN cuando está insistiendo en la mejor manera de solucionar un caso y el tribunal resuelve contrario a lo que ellos están planteando, y he visto también que los jueces que están demandando más agilidad de las otras instituciones.

Desconsuelo y frustración

Críticas al sistema para entregar en adopción, que no cumple con el precepto legal de ser ágil y eficiente, y preocupación porque muchos niños pierden la oportunidad de integrarse a una familia que les garantice un crecimiento y desarrollo integral, expresan conocedores del tema.

Hay niños que nunca serán adoptados, porque su situación legal no ha sido finiquitada y para el tiempo en que ese proceso termina de estudiarse y recibe la adoptabilidad, el niño es un adolecente y es muy difícil que los adopten, dice la madre Inés Ayau, directora del Hogar Rafael Ayau, entidad que antes de la entrada en vigencia de la Ley recibía niños que eran enviados por jueces para que les dieran protección y abrigo.

Mientras que Dubón argumenta: si Dios usara al Consejo Nacional de Adopciones y el proceso guatemalteco para que nacieran niños en la humanidad, ya estaríamos en problemas de extinción.

Rudy Zepeda, vocero del CNA, asegura que cumplen con los requisitos y los tiempos que establece la ley. De los 130 niños que les fueron entregados en 2015, enfatiza, 75 fueron adoptados. Sin embargo, comentan que están atados de brazos si los niños no llegan a su sistema.

A modo de ejemplo, señala que el año pasado fue declarado en adoptabilidad un niño entregado a la autoridad competente en 2007 y que ahora pasa a engrosar los perfiles de difícil o nula ubicación, porque el sistema no agilizó el proceso.

Si un niño no es dado en adopción antes de cumplir cinco años, las posiblidades de que se le restablezca el derecho a una familia, empiezan a disminuir.

 

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