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Estado recupera Q370 millones por defraudación tributaria

Este miércoles se oficializó la recuperación de Q.370 millones 358 mil 953.57, para el Estado de Guatemala, lo cual incluye el monto defraudado más la multa e intereses resarcitorios, vinculados a la defraudación de la entidad Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A.

Según los fiscales, se suspendió condicionalmente de la persecución penal por el periodo de dos años al representante de la entidad Agropecuaria Bellamar Tiquisate, S.A, Manuel de Jesús Elías Higueros, derivado de la cancelación del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y la multa e intereses resarcitorios, lo que sumó los Q.370 millones 358 mil 953.57.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Tercero de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala. En la resolución se le impone al representante legal que reciba dos cursos de cultura tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanero.

El 20 julio del año en curso,  el MP por medio de investigaciones realizadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- logró que el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, otorgara una medida precautoria con carácter de intervención en contra de la empresa Bellamar Tiquisate, S. A. cuya actividad principal consiste en el procesamiento y venta de banano en mercados tanto locales como comerciales.

La entidad está sindicada de cometer los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria por un monto defraudado de Q.140 millones 796,138.77.

La solicitud fue requerida tras una serie de inconsistencias detectadas durante una auditoría realizada por la SAT a la referida empresa, durante el período comprendido entre el 01 de enero del 2011 y el 31 de diciembre de ese mismo año.

Derivado de esta auditoría se estableció que la entidad simulaba transferencias de supuestos pagos en exceso con el fin de evitar pago de impuestos, por medio de otras entidades. Así como reiteración de embargo de cuentas en los bancos del sistema registradas a nombre de la entidad contribuyente denunciada y embargo con carácter de intervención del establecimiento de a nombre comercial Agrobelsa, propiedad de la empresa intervenida.

 

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