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“Es indignante el saqueo que hubo”

Conversatorio: Anabella Morfín, procuradora General de la Nación (PGN).

Otra institución que está en el ojo del huracán de la lucha contra la corrupción, es la Procuraduría General de la Nación (PGN). Su titular estudia ahora contratos o concesiones que pueden haberse firmado a pesar de ser lesivos para los intereses del país. Lo importante del caso: no aceptará presiones de ningún sector. 

Manolo García
mgarcia@cronica.com.gt

¿Cómo encuentra la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre su funcionamiento?

En una semana que tengo de estar en funciones, he observado cierto desorden en los expedientes. Hay mucha dispersión de la información. Estamos empezando por ordenarlos para que estén debidamente foliados y rubricados, porque eso nos dará certeza sobre qué documentos consta cada uno. También estamos realizando una evaluación del personal para estar tranquilos de que poseemos el equipo que se necesita, de acuerdo a la expectativa de trabajo que tenemos. Se está buscando fortalecer la institución, aunque con muy bajo presupuesto.

Contamos con el ofrecimiento del Presidente de la República, de que nos favorecerá con una ampliación que nos permita atender la necesidad de equipo y de personal que tenemos.

Hay muchos vacíos que no se han podido atender por falta de recursos. Es importante fortalecer a la institución para que esté en condiciones de dar respuesta a la expectativa en el cumplimiento de sus fines.

¿Tenía razón la licenciada María Eugenia Villagrán (anterior procuradora) cuando dijo que la PGN no es capaz para enfrentar la situación actual?

Definitivamente cierto. No hay posibilidades de tener un desempeño real, si no se tienen los recursos que se necesitan, tanto humanos como materiales. Y esto pasa por la inexistencia de una ley orgánica que regule, organice y defina las atribuciones de la PGN, y que le dé la posibilidad de hacer una planeación estratégica a futuro para el cumplimiento de sus fines. La aprobación de esa ley es uno de los factores que nos hemos impuesto.

¿Dígame tres factores para que la PGN se fortalezca en el corto plazo?

En el corto plazo es dotarla de esa ley. La ampliación presupuestaria que ya nos la ha ofrecido el Presidente, y contar con el equipo de trabajo idóneo.

¿Cómo ve la situación actual del país?

Deplorable. Sabíamos que estábamos mal, pero no qué tan mal estábamos. Es indignante ese saqueo que hubo, tan inmisericorde, de los recursos del Estado en afectación de los más elementales derechos humanos de la población.

¡Imagínese! Sacar tantos millones para negocios ilícitos en detrimento de los hospitales, las escuelas, del derecho a la educación, a la salud, a la alimentación de los niños de las áreas más pobres de Guatemala. No puedo entender cómo alguien puede disfrutar de una fortuna, a sabiendas de que es a costa del sufrimiento de la comunidad.

¿Cómo va su análisis respecto de los contratos con TCQ?

Estamos analizando la demanda que fue planteada por mi antecesora y el planteamiento de la ampliación de la misma para llenar algunos vacíos que, estimo, es necesario plantearlos al tribunal para que se pronuncie. Se están analizando también otros contratos que están vinculados con este mismo —TCQ—, de los cuales ya hemos pedido antecedentes al Contralor General de Cuentas, porque por los medios de comunicación nos enteramos de que ya presentó algunas denuncias al Ministerio Público sobre la ilegalidad de los mismos.

¿Esos otros contratos podrían ser los 22 que mencionó el expresidente Otto Pérez Molina en tribunales?

Puede ser. No puedo precisarlo porque no he recibido la información. No sé si se refiera a esos o hay otros. Lo que es cierto es que hay una serie de contratos que se han celebrado y que tenemos que revisar para establecer si se cumplió con la ley cuando fueron otorgados.

¿Los contratos de Ferrovías con Cobigua (Chiquita) o los de los canales 3 y 7 también forman parte de ese paquete?

Sí, esos también son contratos que tenemos que revisar, y de los cuales, insisto, ya le pedimos información a la Contraloría.

¿La PGN estaría en disposición de revisar la relación que existe con empresas proveedoras que prestan servicios al Estado?

Nuestra función es de asesoría y de consultoría, y en ese orden, nuestra obligación es establecer la legalidad de los contratos. Si no hay legalidad de los mismos, emitir los dictámenes y las opiniones respectivas para que las autoridades correspondientes tomen sus medidas correctivas. Si siguen en la línea de la celebración del contrato, el deber de la PGN, como abogado del Estado, será demandar su lesividad, pedir al Presidente que haga su declaratoria en Consejo de Ministros o hacer el planteamiento en una demanda ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Una función supervisora no nos compete. Para eso está la Contraloría.

¿Cómo llega Anabella Morfín a la PGN: con respaldo total institucional, político y jurídico, o con presiones sociales por todo lo que está pasando?

Yo no me siento presionada. ¿La verdad? No aceptaría presiones, porque eso iría en desmedro de mis propias funciones. Sería como plegarme a ciertos intereses, y no pienso responder a ellos. En el momento en que alguien me esté presionando o algún sector pretenda hacerlo, yo lo haré saber. Sí, quisiera que se comprenda que mi interés es cumplir la ley. Llegar a la PGN es un compromiso conmigo misma, que emana del clamor de la población que pide transparencia y lucha contra la corrupción. Yo siento que debemos hacer el esfuerzo. Me lo plantea al Presidente, y yo digo: ‘Es la oportunidad de contribuir en algo para que las cosas cambien y, si con mi concurso se puede contribuir para evitar los abusos en la cosa pública, eso es lo que tengo que hacer’.

¿Hasta dónde tendría que llegar la presión para que usted decida seguir o salir de la PGN?

Cuando fui ministra de Trabajo, alguien me dijo alguna vez: ‘Usted siempre actúa como abogada, no como ministra’. Es que, ¿qué quiere que haga?, es la ley la que nos rige, no el rol que uno esté jugando. Ser ministro es un rol político y estar en la PGN, de pronto, podría serlo; pero yo lo veo como una función en la cual se debe vigilar el cumplimiento de la ley. Eso no solo me va a dar la  tranquilidad de no me voy a meter en problemas, sino que voy a evitar que otros me metan en problemas (ríe).

Por esa misma experiencia, ¿usted cree que hay justicia en este país?

El sistema, en sí, está muy debilitado. Desde el mecanismo utilizado para elegir magistrados para integrar las cortes, desde la falta de evaluación de desempeño, desde la falta de mecanismos para definir la idoneidad o no de un empleado o funcionario.

Creo que el sistema debe ser revisado.  Comparto la posibilidad de que revise el sistema de administración de justicia a través de una reforma constitucional, porque tenemos que reconocer que este ya colapsó.

En tanto la administración de justicia se fortalezca, la población irá recuperando la confianza que se ha perdido. Han sido muchos años de frustraciones, de mucha impunidad y mucha delincuencia de cuello blanco. Ya es hora de que esto termine.

¿Las reformas al sector justicia, cómo se están planteando, podrían resolver el problema?

Resolverlo per se, no… Lo importante es que se den estos pasos para que se vayan generando las actitudes y las políticas que se necesitan para dar respuesta a esa expectativa. Tenemos una buena Constitución, un pacto social que podría servir en atender nuestra problemática, pero lamentablemente las personas son las que corrompen las instituciones.

En  el corto plazo Morfín le apuesta a dotar a la PGN de una ley orgánica que regule, organice y defina sus atribuciones.

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