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Ejecutivo y Congreso pierden credibilidad; Justicia mejora

Los poderes Ejecutivo y Legislativo inician el 196 año de vida independiente del país en medio de una crisis política que desgasta más su credibilidad por escándalos de corrupción, mientras que el poder Judicial se fortalece por los avances en la lucha contra la impunidad en el país.

Por primera vez en la historia dos miembros del entorno de un presidente guatemalteco se han visto directamente señalados ante la justicia por un caso de corrupción. José Manuel Morales y Sammy Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, están bajo investigación y han sido arraigados, vinculados ambos al caso de corrupción en el Registro de la Propiedad.

Este escandalo se suma a las criticas por falta de transparencia y nepotismo en la administración de quien prometió no ser ni corrupto ni ladrón. El presidente Morales se vio obligado a dar una declaración pública por el caso de sus familiares, pero lo hizo de manera breve, sin dar información, y anticipando que hablaré del caso por esta única vez. Ninguna de sus palabras apuntó por la transparencia.

Mientras el Ejecutivo vive su peor crisis en ocho meses, otro poder del Estado, el Congreso de la República, ha transcurrido el año salpicado por casos de corrupción y abuso –contrataciones y sueldos exagerados, plazas fantasmas, transfuguismo y freno a cualquier intento de cambio–. El presidente del Organismo, Mario Taracena, ha intentado vender a la opinión pública que hay un nuevo estilo de hacer las cosas en el Parlamento, pero todo termina en nuevas demostraciones de que las cosas no cambian.

Cada día aumentan las dudas entre la población en torno a la capacidad de los diputados para discutir y aprobar leyes trascendentales como las que están en agenda en este momento: Reformas a la Ley Electoral, a la Ley de Bancos, a la Constitución por el sector justicia, el Presupuesto de 2017, más otras como la Ley de Migración, en donde ya ha salido a relucir la pobre calidad, visión y capacidad de los diputados.

A ello hay que sumar que varios parlamentarios –a los que ya se llama públicamente dipucacos–, enfrentan procesos judiciales que aunque avanzan lentamente, parecen destinados a crear una pequeña e insuficiente depuración del Organismo.

El tercero de los poderes del Estado, el Organismo Judicial, parece menos agobiado, pero no se puede hablar que es responsable de los avances que se ven en el sector justicia. Los magistrados de la Corte Suprema aun retardan los casos de antejuicios contra los políticos. Sin embargo, las acciones del Ministerio Pública, a cargo de Thelma Aldana y de la CICIG, bajo el mando de Iván Velázquez, hacen que la lucha contra la corrupción y la impunidad avancen.

Esta es la peor crisis política del gobierno de Morales –la del Congreso es permanente–, pero llega a muy poco tiempo del inicio de su gestión, lo que anticipa que en el corto y mediano plazo tendrá problemas de gobernabilidad a causa de la credibilidad que está perdiendo.

Hay demasiados rumores y hechos menores a la vista que apuntan a que el gobernante y su vicepresidente Jafeth Cabrera no han promovido transparencia, sino que se actuan de la misma manera que anteriores gobiernos, aunque con un estilo diferente, pero en el fondo, ningún cambio para bien, según reconocen la mayoría de analistas.

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