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CICIG, para largo; ¿TCQ, para cuándo?

El presidente Jimmy Morales solicitó al secretario general de la ONU, Ban Ki moon, ampliar el mandato de la CICIG por dos años más.

El presidente Jimmy Morales continúa gobernando entre aguas agitadas. Se reconoce que cumplió con solicitar una ampliación del mandato de la CICIG hasta el 2019, pero luego no define la postura oficial ante el último destape de la Comisión y el MP, el escándalo de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), ni lo que hará su administración con la corrupta empresa. Y luego, un mal innecesario: declaraciones inoportunas e insensatas.

Redacción de Crónica

El país no deja de sorprenderse. Los escándalos por corrupción en la clase política continúan. Han pasado los primeros 100 días de la administración de Jimmy Morales, con más pena que gloria, y solo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) parecen ser las instituciones que responden al clamor de la población, que empieza a añorar la fuerza de La Plaza.

Los delitos y casos por corrupción se siguen acumulando en contra de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, principales implicados en el escándalo de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por haber recibido sobornos millonarios —US$4.2 millones cada uno—, pero, tras siete días desde el destape del millonario negocio, el Gobierno no ha decidido demandar a la empresa, que aún tiene unos pocos defensores.

Este nuevo escándalo ha puesto de manifiesto —otra vez—, que las mafias de la corrupción operan en todos los organismos del Estado, porque en tribunales no han avanzado los procesos iniciados en contra de un negocio que se sabía oscuro y lesivo para los intereses del país. Ni la Procuraduría General de la Nación (PGN) actuó en su momento, ni un juez ha ordenado que se detenga la operación.

La empresa TCQ subsidiaria de la española —y luego holandesa— TCB, no se ha pronunciado por el tema de los sobornos, pero si se sabe que están listos para iniciar operaciones a finales de abril. La duda sigue siendo si el Gobierno de Morales lo permitirá.

OPM y RB

Otto Pérez y Roxana Baldetti son los principales implicados en el escándalo de corrupción de TCQ. El exbinomio presidencial sigue acumulando delitos y procesos penales.

Este negocio se fraguó desde el inicio de la administración de Pérez Molina, y como bien ha señalado la diputada Nineth Montenegro, quien lleva tres años de procesos impugnando el contrato, desde el inicio hubo fallas en instituciones como la PGN y la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

Algunas de las conclusiones que deja el escándalo, dice el analista político Renzo Rosal, es que los proyectos de orden estratégico como puertos o megaproyectos terminan siendo una pieza muy apetecida, debido a que hay empresas con muchos recursos que permiten este derrame de coimas. También confirman el nivel de deterioro de la administración pública y cómo se ha alterado, debilitado y creado estructuras paralelas. Y se confirma el nivel de complacencia y participación en este tipo de negocios de empresas transnacionales.

Respaldo a la CICIG

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El destape del nuevo caso de corrupción, que hicieron el MP y CICIG, ocurrió apenas tres días antes de que el comisionado Iván Velásquez fuera a la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, en donde el presidente Morales solicitó oficialmente la ampliación del mandato de la Comisión hasta el año 2019, tal como lo había prometido.

En la ONU, los países cooperantes, más de 20 —entre ellos EE. UU. y la mayoría de la Unión Europea—, ratificaron su respaldo al organismo internacional, al que calificaron de ejemplar para el resto del mundo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

En Guatemala también se dieron manifestaciones favorables a la Comisión por medio de las redes sociales, en donde se le reconoce el trabajo realizado, específicamente, en los casos de corrupción en los que ha habido numerosos exfuncionarios y empresarios involucrados.  Entre ellos, los más destacados:

  • La Línea
  • IGSS-Pisa /IGSS-Chiquimula
  • Negociantes de la Salud
  • Tráfico de influencias, caso Gudy Rivera
  • Agua Mágica-Amatitlán
  • Bufete de la impunidad
  • Impunidad y Defraudación —Aceros de Guatemala—
  • Plazas fantasmas en el Congreso
  • Enriquecimiento de jueces y/o magistrados

Como aspecto positivo, se ha visto que el MP ha mejorado en su metodología de investigación, como resultado del trabajo junto a CICIG y sus expertos. El MP es la institución del sector justicia que muestra mayor independencia de la clase política, mientras que en el Organismo Judicial, pareciera que falta aún promover cambios.

Varios jueces han sido señalados por la propia CICIG, incluyendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre ellos, la juez Marta Sierra de Stalling; el magistrado Erick Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo civil de Quiché; la juez Jisela Reinoso y recientemente el magistrado de la CSJ, Douglas René Charchal Ramos, contra quien se pidió se inicie un proceso de antejuicio, ya que es sindicado de tráfico de influencias, por supuestamente haber gestionado resoluciones judiciales a favor de TCQ.

Tema en agenda

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Al volver de su gira por Estados Unidos, Morales deberá fijar una postura con respecto a TCQ, en medio de un fuerte clamor porque declare lesivo el contrato de concesión que se firmó.

De hecho, la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán, enfatizó que el contrato se puede anular y está a la espera de una reunión con el mandatario para que le dé instrucciones al respecto.

En relación a esto, Rosal comenta que se debe declarar lesivo el contrato y enfatiza que se le están dando muchas vueltas al tema, que pareciera que quieren mantener a flote un proyecto que, desde un principio, fue oscuro y lleno de corrupción.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, indica que la decisión de dar el usufructo a la empresa TCQ, parte de una decisión ilegitima, lo que conlleva a que el contrato sea inviable; por lo tanto, considera que se deben de llegar a un acuerdo con la empresa, pero antes declararlo lesivo.

Luego explica que todo este proceso para otorgar el usufructo es parte de una serie de casos de corrupción que se denunciaron por medios de comunicación y recuerda que ellos enviaron una carta a la financiera del banco para que se abstuvieran de dar este apoyo porque era un proceso viciado, donde no hubo licitación internacional.

Mientras que el director ejecutivo de la Cámara de la Industria, Javier Zepeda, dijo que están de acuerdo con que se aplique todo el peso de la ley a quien sea, por la forma corrupta en que fue aprobado el proyecto de la terminal portuaria.

Advirtió, sin embargo, que en caso de que la decisión sea declarar lesivo el contrato y, por tanto, la suspensión de la puesta en marcha del proyecto, tendría impacto negativo, y que las transacciones dudosas no deberían afectar la operación técnica del puerto.

Tenemos claro que invertir en infraestructura y puertos es una parte muy importante, pero nada es superior y ninguna necesidad está por encima de la ley, indicó el ejecutivo, al precisar que este caso de corrupción es una investigación profunda que debe llegar hasta las últimas consecuencias.

El dirigente enfatizó que el Gobierno del presidente Morales debe tomar una decisión apegada a la Ley, pero que no afecte la actividad económica del país.

Por último, Flores comenta que la preocupación de algunas cámaras empresariales, de que se declare lesivo el contrato, se debe a que se puede perjudicar el funcionamiento de los puertos y por ello comenta que se deben de buscar las medidas adecuadas, tomando en cuenta que el puerto tendrá las instalaciones para poder seguir operando.

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