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Beneficios desproporcionados ante la realidad nacional: PACTOS DEL MAL

El otorgamiento de beneficios económicos desmesurados a los sindicatos y su impacto en las finanzas del Estado son el tema de discusión en la actualidad, luego de que salieran a luz los salarios de escándalo que se devengan en el Congreso de la República. Salvo la opinión de los sindicalistas, el sentir de la mayoría es que se debe poner un límite a lo que se negocia a través estos convenios laborales.

 

Rodrigo Pérez

rperez@cronica.com.gt

 

La publicación de los exorbitantes salarios que devengan los empleados del Congreso en el renglón 011 ha puesto sobre la mesa de discusión pública las consecuencias, para un Estado pobre y con una permanente crisis financiera, de otorgar beneficios ilimitados a los empleados a través de la firma de pactos colectivos de condiciones de trabajo.

Revuelo y escándalo causó entre la población conocer que en el Legislativo existen conserjes que ganan hasta Q25 mil mensuales, y algunos jefes de área, hasta Q76 mil. Pero los beneficios laborales no terminan ahí. Los trabajadores del Congreso, según el pacto colectivo, también reciben un bono por antigüedad que va de Q75 a Q600 mensuales –dependiendo del tiempo de servicio–, un bono vacacional de Q600, un  bono navideño de Q800 y otro de Q500, en compensación de una canasta navideña.

Este órgano del Estado también está obligado a erogar Q15 mil para el convivio navideño, dar servicio médico a sus trabajadores, proporcionar anualmente uniformes e implementos deportivos, pagar la inscripción de equipos, cancelar derechos de cancha, entrenador, transporte y viáticos a los equipos que se organicen para participar en campeonatos deportivos.
Sin el debido proceso

El Pacto Colectivo del Congreso, al igual que otros tres, fueron firmados entre las partes sin que existiera un informe de la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas que indicara si la institución y el Estado estaban en capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos.

Así lo ha determinado la Procuraduría General de la Nación (PGN), que actualmente analiza otros 11 pactos colectivos. Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales titulado La amenaza de los Pactos Colectivos  en el Sector Público, dado a conocer en junio de 2014, afirma: El establecimiento de beneficios económicos tiene una relación directa con la estabilidad financiera del Estado y que, dado que los recursos financieros son limitados, todo aquello que se emplee en honrar lo negociado en los pactos colectivos se dejará de utilizar para atender otras necesidades del ciudadano guatemalteco.

 

Pactos bajo análisis

La PGN tiene en proceso de análisis 11 pactos colectivos para establecer si, además del dictamen de la cartera de Finanzas, tuvieron dictámenes jurídicos y financieros de las instituciones que los firmaron. La lista es la siguiente:

 

  • Registro General de la Propiedad
  • Instituto de Administración Pública
  • Dirección General de Migración
  • Diario de Centro América y Tipografía Nacional
  • Consejo Nacional de Áreas Protegidas
  • Escuela Nacional Central de Agricultura
  • Dirección General de Caminos
  • Instituto Nacional de Cooperativas
  • Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
  • Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
  • Ministerio de Cultura

 

Fuente: PGN

 

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