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MP y CICIG respaldan ley de reducción de penas

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, impulsan la siguiente reforma al Código Procesal Penal del Sistema de Justicia de Guatemala (Decreto 51-92).

La iniciativa busca que los imputados o acusados podrán aceptar los cargos atribuidos por la Fiscalía y a cambio obtener rebajas en las penas por una única ocasión en el respectivo proceso.

Según un comunicado de la CICIG, dentro del proceso penal guatemalteco no se contemplan suficientes fórmulas consensuadas que simplifiquen el procesamiento penal para todos los delitos, y existen carencias en cuanto a la aplicación de la justicia premial que afectan negativamente la eficiencia del sistema.

El proyecto de ley pretende descongestionar el sistema de justicia al que ingresan muchas denuncias y evacúa pocos casos, adoptando la tendencia global de la aceptación de cargos que ha demostrado su utilidad y eficiencia en Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, etc., para cumplir con el propósito de resolver de la mejor manera los conflictos jurídico-penales. Ningún sistema procesal del mundo es sostenible si no adopta mecanismos alternativos al procedimiento común para resolver los casos.

Aspectos claves del proyecto de ley:

Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrá derecho a que se le rebajen las penas a la mitad.

  • Si lo hace después de la audiencia de primera declaración y hasta que se profiera resolución que admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
  • Si lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
  • Una mejor respuesta del sistema de justicia penal en el control de la criminalidad, en la medida que eleva los niveles de eficiencia, al posibilitar resolver con prontitud un mayor número de casos, incluyendo los de gran complejidad; y aplicar mayores recursos al procesamiento lineal de las causas difíciles, lo que en ambos casos abona en la reducción de los niveles de impunidad generada dentro del sistema.

 

  • Contribuye como medida efectiva para el deshacinamiento del sistema penitenciario, tomando en consideración que el mayor porcentaje de la población privada de libertad, es la que se  encuentra en prisión preventiva, a la espera de solventar su situación jurídica.

 

Según las estadísticas judiciales el porcentaje de personas ligadas a proceso que se encuentran pendientes de juicio oral y público es sumamente elevado, y según la CICIG y el MP esto provoca que las cárceles se encuentren sobre pobladas, dando como resultado un sistema de justicia penal colapsado e ineficiente, lo cual hace necesario incorporar esta figura en el sistema procesal penal.

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