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Las 5 claves en el caso LA LÍNEA

Sin duda no ha existido un caso judicial con la trascendencia y connotación que ha alcanzado La Línea que, tras 22 meses desde que se produjeron las primeras capturas, finalmente ha llegado a su fase intermedia, en donde se decidirá –entre otros aspectos jurídicos–, cuando se inicia el juicio.

Nunca antes dos gobernantes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, fueron implicados con una acusación tan fuerte, como es este caso de defraudación tributaria, realizada por medio de una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria, con ganancias multimillonarias para los integrantes, principalmente los dos ex funcionarios mencionados.

En la primera fase se produjeron las capturas, luego se dieron prolongadas audiencias de primera declaración, con la presentación de pruebas iniciales de parte del MP y la CICIG, los dos entes investigadores que destaparon la red de corrupción.

Entre los detenidos hay personajes del más alto nivel en la administración de Pérez Molina. La lista incluye a dos superintendentes de la SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco, así como el secretario privado de la ex vicepresidenta, Juan Carlos Monzón, y su asesor externo, Salvador Estuardo González –alias Eco–, y la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio, para solo citar a los más altos en la estructura, integrada por al menos 30 personas.

Para comprender lo que está por venir ahora que el juez Miguel Ángel Gálvez ha abierto la etapa intermedia, es importante tomar en cuenta los factores que determinarán el tiempo y alcance que se pueda alcanzar en este complejo proceso.

1.- Número de implicados:

Llevar adelante un proceso en el que hay al menos 30 acusados no es sencillo para ningún juez ni tribunal. Esta es una de las mayores complejidades que se verán. Solamente la intervención del MP y CICIG para presentar pruebas el pasado martes –sin concluir aún–, ha dejado claro que se requerirá de varias semanas, antes de que haya una resolución del juez Gálvez.

Hay que tomar en cuenta que cada acusado tiene derecho a dar su versión y presentar pruebas de descargo, con intervenciones, además, de sus abogados. Cada uno tiene al menos un defensor, pero hay algunos  que tienen dos y hasta tres abogados, cada uno con su propia estrategia.

2.- Los recursos para entorpecer y de defensa

En la fase inicial se han reportado al menos 30 apelaciones a diferentes resoluciones del juez, así como 26 acciones de amparo. Al parecer, existe más intención en los acusados por retardar el inicio del juicio que en acelerarlo. Si en la fase intermedia se repite esta actitud –se habla de una posible impugnación del juez Gálvez por parte del ex presidente Pérez Molina–, la fase se podría extender varios meses y el juicio podría no iniciarse en todo 2017.

Las acciones de amaro terminan en la Corte de Constitucionalidad y al recibir trámite por juez, sala o Corte, el proceso se detiene.

3.- La independencia del juez y del sistema judicial

Este es un factor primordial. El juez Gálvez ya ha demostrado su total independencia, pero los recursos y amparos se conocen en instancias superiores. Si priva la independencia, el caso podría tener mayor celeridad, pero si hay tráfico de influencias podría darse un retardo malicioso constante.

4.- Las pruebas de la parte acusadora

El Ministerio Público (MP) y la CICIG, tiene que mostrar avances en las investigaciones que se iniciaron desde 2014 y 2015. Las escuchas telefónicas siguen siendo vitales, pero deben reforzarse por medio los testimonios de los dos testigos eficaces, como son Juan Carlos Monzón, y Estuardo González, así como otras pruebas científicas que se han agregado al expediente.

Los fiscales Thelma Aldana e Iván Velázquez, se muestra muy satisfechos por la labor de los expertos y aseguran que el caso está muy sustentado.

5.- Los grupos de presión

Los implicados siguen siendo personajes con cierto grado de poder e influencia, aunque bastante reducido. Sin embargo, hay fuerzas paralelas que han venido trabajando durante los últimos dos años en criticar y desgastar la labor de los entes investigadores, lo cual seguramente se verá incrementado en esta etapa crucial del proceso.

Aquí también se busca influir en las decisiones de los juzgadores, sobre todo, cuando haya recursos y amparos.

En su etapa intermedia se escucharán todas las versiones y acusaciones. El juez debe decidir si envía a juicio, aunque los penalistas expertos aseguran que no hay duda de que hay suficientes indicios como para ordenar que el caso vaya a juicio. Si se condena a Pérez Molina y Baldetti, sería el segundo caso en que se condena a ex gobernantes, tomando en cuenta que antes un tribunal estadounidense condenó a Alfonso Portillo, quien reconoció que había cometido corrupción para obtener un enriquecimiento ilícito y haber lavado dinero en bancos estadounidenses.

 

 

 

 

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