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LA LÍNEA el caso más emblemático del MP y la CICIG (Análisis)

El 16 de abril de 2015, el MP y la CICIG destapan el caso judicial-político más sonado en la historia de Guatemala.  Aún no se involucra al presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, pero más tarde ambos renunciarán y caerán por este escándalo.  Nunca en el mundo, dos gobernantes  habían sido detenidos y acusados por actos de corrupción durante el tiempo de su mandato constitucional.  Ahora 28 implicados irán a juicio, incluidos los dos ex gobernantes.

Crónica-Política

Las caras de Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, los ex jefes de la SAT y demás implicados en el caso La Línea lo decían todo cuando escuchaban la resolución del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, cuando ordena que deben enfrentar juicio por el delito –entre otros– de defraudación tributaria.

El juez Gálvez detalló cada uno de los delitos que ve en los acusados para ordenar que vayan a juicio.

Llegar a ese punto no fue fácil, pues el juez Gálvez debió sortear toda clase de acciones de amparo, recusaciones, y resolver gran cantidad de recursos que constantemente interponían los abogados de los implicados, en una evidente estrategia para retardar lo más posible el proceso.  Pero finalmente la justicia avanza.

Aunque aún no hay fecha para iniciar el juicio y seguramente veremos una lluvia de apelaciones y más recursos dilatorios, el paso más importante se ha dado y en gran parte el mérito es del juzgador, que ha sabido soportar las presiones y continuar el proceso sin cavilaciones.

La historia

La indignación ciudadana por la corrupción galopante en la administración del Partido Patriota (PP), se mostró en abril de 2015, poco tiempo después de varias publicaciones del diario elPeriódico, las cuales mostraban el enriquecimiento evidente de los gobernantes de turno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. 

Un suplemento de investigación especial, titulado Biografía no autorizada de Baldetti, pareció ser la gota que rebalsa un vaso lleno de suciedad, que sin embargo, ya era investigado por el Ministerio Público (MP), con la estrecha colaboración de la CICIG, desde varios meses atrás.

Por la inmunidad de sus cargos, ni Pérez ni Baldetti, podían ser investigados, pero en la extensa estructura criminal que se descubrió y por medio de escuchas telefónicas, se ubicó que había “el UNO” y “la DOS”, entre otras menciones más o menos explícitas.  Al caer las primeras piezas, se desencadenó el efecto dominó, hasta llegar a los gobernantes, que se vieron obligados a renunciar.

Luego, los testimonios de los colaboradores eficaces,  Estuardo González y Juan Carlos Monzón, apoyaron las líneas de investigación y se pudieron obtener más pruebas para estructurar el caso y preparar la acusación.

La investigación muestra con bastante claridad que la estructura operaba eficientemente utilizando ventajas políticas del más alto nivel, que llegó a tener el control absoluto de la administración tributaria, la SAT, hasta llegar a generar millonarias ganancias en todos los niveles del esquema de operaciones, que terminaba en la Casa Presidencial.

En el juicio, el MP y la CICIG deberán demostrar el complejo esquema de pago de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos.  Se ha hablado de diversos montos defraudados al Estado, pero lo que si se sabe es que son sumas multimillonarias, que llegaban a cuentas de funcionarios y particulares, mientras el país enfrentaba carencia de recursos para combatir la pobreza, mejorar la seguridad, educación y salud, entre otros grandes problemas nacionales.

Retraso… a propósito

La estrategia de defensa de los implicados ha sido la de retrasar cada una de las etapas procesales al máximo, sobre todo, al saber del malestar del Presidente Jimmy Morales con el comisionado Iván Velásquez, puesto que sabe que eso debilita de alguna manera a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

La Línea fue desde su inicio, una especie de carta de presentación de la fuerza que ha alcanzado el binomio Thelma Aldana-Iván Velásquez, reconocidos internacionalmente por este y muchos casos más que han seguido, como parte del enfrentamiento frontal y abierto en contra de la corrupción.

Inicialmente una abrumadora mayoría ciudadana se volcó a favor de la CICIG y el MP, en lo que parecía una unión sana y potencialmente invencible para luchar contra el crimen organizado incrustado en el Estado.  Es entonces cuando se fortalece la estrategia de retardar los procesos, esperando que esa fuerza pueda diluirse en algún momento, lo que ha sucedido hasta dos años después,

Gran parte de la opinión pública se dividió en sus sentimientos con mensajes de una supuesta “ideologización” en la persecución de los casos.

Aunque Aldana y Velásquez advierten que la lucha contra la corrupción no tiene ideología, los sectores afectados lograron su cometido y para algunos, los dos fiscales actúan por intereses políticos de izquierda, algo que no tiene sustento hasta el momento.

Entre los argumentos de los detractores, está precisamente el que el caso La Línea no ha avanzado, y atribuyen al MP y la CICIG la falta de avances.  Sin embargo, como se ha dicho, el retraso ha sido provocado siempre por las partes acusadas.

LEER ADEMÁS: Lista de casos de corrupción destapados por el MP y la CICIG

¿Y ahora?

El caso La Línea es complejo por varias razones, no solamente por la estrategia de retraso  utilizada y que seguirá por algunos meses más –al menos hasta que Aldana se retire del MP–, sino también por el elevado número de implicados y el rango de varios de ellos.  Cabe recordar que además de los ex gobernantes, están implicados dos ex jefes de la SAT, ex intendentes de aduanas y funcionarios menores, así como particulares.  Manejar procesos contra 28 personas es todo un problema para los juzgadores.

Pero lo más delicado es lo que representa este caso.  Es el primero –a nivel mundial incluso– que tendrá a dos ex gobernantes juntos.  Pero no hay que perder que es el caso más emblemático de esta batalla que se libra contra la corrupción, por lo que son muchos los interesados en que el mismo no prospere.

La llamada clase política –corrompida casi en su totalidad y hasta lo más profundo–, tiene mucho interés en que Aldana y Velásquez fracasen.  Saben que si este caso no prospera, los demás que esperan en fila su turno para ir a juicio, verán más luz a favor de los implicados.

Además de los políticos, hay muchos funcionarios, encabezados lamentablemente por el presidente Jimmy Morales, interesados en que todo se venga abajo.  Los dirigentes políticos –principalmente diputados–, están también a la espera del traspiés del MP y la CICIG.  Por eso la negligencia en aprobar una efectiva reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), porque aún confían en derrotar a los dos fiscales y que vuelva lo que para ellos es la “normalidad”, pero que en el fondo es mantener el estatus quo de intocables que existía antes.

Para el MP y la CICIG, para Aldana y Velásquez, este es su caso símbolo, para los acusados y los corruptos en general, el buque a hundir para evitar que triunfe la lucha contra la corrupción.

Un pulso enorme.  La población, por el momento, menos entusiasmada y más dividida que en 2015, pero finalmente puede tener la fuerza suficiente para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.

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