Editorial

La batalla debe continuar

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Desde su llegada al país en 2013, el comisionado Iván Velásquez llevó a cabo una reorientación estratégica en las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), enfocándolas, principalmente, en descubrir y combatir las estructuras criminales dentro del sistema político, de donde parten la mayoría de problemas del país.

En mayo de 2014 llega al Ministerio Público (MP) Thelma Aldana, quien cambia la dinámica de algunas fiscalías, principalmente la encargada de investigar corrupción.  Para obtener mejores resultados, fortalece los enlaces con la Cicig.

Estos cambios trascendentales marcan el inicio de una impresionante batalla en contra de la corrupción y la impunidad, se han descubierto numerosas estructuras dedicadas al saqueo del Estado, sin importar que pueda tratarse de cualquiera de los poderes del Estado.

Seguramente, por abrirse apenas las investigaciones, no se hizo demasiado ruido en el año 2014. Sin embargo, el 2015 podría ser llamado el año del destape, ya que vimos caer e ir a la cárcel a la vicepresidenta Roxana Baldetti y luego al presidente Otto Pérez Molina, ambos acompañados de funcionarios y empresarios, involucrados, de una u otra forma, en lo que ha dado en llamarse cooptación del Estado.

Los organismos Legislativo y Judicial, así como el poder local —municipalidades—, tampoco lograron escapar de la atención de los entes investigadores. A estas alturas, van una veintena de casos que se ventilan en los tribunales, la mayoría de ellos en la etapa previa a iniciar el juicio. 

Lo interesante de todo esto es que ¡como debe ser!, esa batalla contra la corrupción no solo no ha terminado, sino que se anuncia igualmente intensa a lo largo del próximo año. Aquello de los jueves, viernes o miércoles de Cicig —cuando se ejecutan las ordenes de captura— continuará en los meses sucesivos. No se trata de una amenaza, sino simple y llanamente de que, tanto Velásquez como Aldana, saben que hay investigaciones en marcha y se espera que pronto puedan tener las pruebas necesarias y contundentes para solicitar más detenciones.

Esta buena noticia es alentadora, sobre todo porque demuestra que la intención de provocar un cambio de raíz en el país sigue vigente. Ciertamente los expertos y analistas estiman que hay fuerzas siniestras, que tratan por todos los medios de detener o al menos reducir el ímpetu de los investigadores —MP y Cicig—, pero estos saben que la tarea no ha llegado a su fin y que como dice el refrán falta mucha tela por cortar.

Lo que hasta ahora se conoce es que estas estructuras criminales han ido creciendo y, al menos las que han sido golpeadas, representan una prueba fehaciente de la forma en que la llamada clase política ha ido expendiendo sus tentáculos de corrupción. Al parecer, ninguna institución del Estado se ha salvado de estas acciones perversas.

A este momento, la mayoría de la población tiene claro el daño que hace la corrupción en el Estado, al extremo de ser una de las causas más significativas en las constantes crisis de salud, educación, y seguridad, así como en la carencia de recursos para disponer de mejor infraestructura para desarrollo económico.

En las postrimerías de este año, por diversas razones y motivos, se ha debilitado el fuerte apoyo hacia la Cicig y el MP, se ha debilitado, particularmente, por las eficientes campañas de desprestigio o desinformación que han circulado.

Es entonces imperativo hacer ver que para que se alcance el éxito ideal —no perfecto, porque eso es imposible—, tanto el MP como la CICIG deben tener el respaldo de la sociedad, al menos de sectores de opinión, pues de lo contrario, gran parte del esfuerzo y logros obtenidos hasta ahora podrían perderse.

La determinación de seguir esa lucha hay que aplaudirla. Saber que estamos en medio de una batalla trascendental debiese obligarnos a brindar el apoyo necesario para que no se pierda la fuerza de esta cruzada nacional. Guatemala sin corrupción —o al menos controlada en gran escala— sería totalmente diferente.

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