Opinión

José Alfredo Calderón: Normalizar lo anormal

José Alfredo Calderón E.

Historiador y observador social

Si algo caracteriza a las sociedades disfuncionales es la normalización de lo anormal. Sea la violencia, la corrupción, la mentira, la prepotencia o cualquier conducta de abuso, estas acciones llegan a ser vistas como normales, cotidianas, comunes y, por tanto, aceptables.

Guatemala es un claro ejemplo de lo que afirmo. Ya he escrito sobre esa clase de “inmunidad chapina” a cosas deleznables y atroces. Nada parece escandalizarnos, a no ser por algunas manifestaciones de cólera, molestia o fastidio en redes sociales, el mundo virtual que sirve más como catarsis y desfogue, que como herramienta tecnológica para la organización y la acción ciudadanas.

Traigo a colación lo anterior, por las acusaciones de abuso sexual contra la persona que detenta el cargo de presidente de la república y las reacciones de todo tipo que se han generado. La solidaridad (sororidad[1]) se ha dado más del lado femenino        –como es costumbre en estos casos– aunque sin llegar a ser universal pues en redes (tuiter sobre todo), vemos algunas expresiones que no pueden explicarse sino a la luz del machismo, sexismo y patriarcalismo de nuestra sociedad. Yo mismo fui criado en el seno de una familia guatemalteca clasemediera típica, en la que mi única hermana era obligada a ser parte del oficio doméstico (lavar platos por ejemplo), aunque existiera personal para hacerlo, mientras el “príncipe de la casa” (mi papá era el “rey”), tenía el derecho “natural” a ser servido. Mis responsabilidades se limitaban al estudio y el entretenimiento por ser “varoncito”, mientras mi hermana hacía las labores propias de una “mujercita”. Conforme me fui relacionando con mi entorno, me di cuenta que lo que pasaba en casa y veía como normal, también pasaba en otros hogares y en la sociedad misma. A pesar que mi padre siempre objetaba estas cosas, mi madre (oh paradoja) terminaba imponiendo su criterio. Al final, esto no se veía como algo crucial (micromachismos que le llaman) sino parte de una práctica socialmente aceptable.

Con el tiempo, mi observación empírica de la sociedad ya tuvo herramientas académicas para hacerla con más profundidad analítica. Por razones de trabajo tuve la oportunidad de conocer y participar en encuestas y procesos de sensibilización relacionados con la problemática nacional, especialmente en temas de violencia. Y entonces me di cuenta de algo que me llamó poderosamente la atención –como diría nuestro buen juez Gálvez–, un tema tan recurrente en casi todos los hogares guatemaltecos (afortunadamente no fue mi caso), ha sido y continua siendo la violencia intrafamiliar. Sin embargo, cuando en las encuestas se pregunta cuál es el principal problema de Guatemala, la gran mayoría contesta que la violencia provocada por las maras, el crimen organizados y la delincuencia común. Cuando la pregunta se personaliza y se le cuestiona al entrevistado: “¿Cuál es el principal problema que afronta usted?, la respuesta cambia de la violencia a los temas económicos: carencia de empleo, alto costo de la vida, falta de oportunidades, etc. El tema de la violencia sexual tampoco aparece. Al igual que la violencia intrafamiliar, ambos son los llamados problemas invisibles; todo mundo sabe que han estado y están, pero nadie los menciona. Y lo que no se menciona, prácticamente no existe.

De esta cuenta, el piropo abusivo, el manoseo en los buses e incluso en la calle, el acoso sexual –tanto en oficinas públicas como privadas– para obtener “favores” carnales, los chistes sexistas y misóginos en redes sociales o en reuniones de amigos, vecinos o compañeros de trabajo; terminan siendo una serie de prácticas asumidas como normales sin que –por supuesto– lo sean. Y esta “normalización” es reforzada por el silencio y el miedo de las víctimas, pues resulta que cuando denuncian, pasan por un viacrucis espantoso que termina por revictimizarlas, proceso en el que participan hasta sus propias amigas, familiares, compañeras/os de trabajo y operadores/as del sector justicia y de la PNC. La amenaza de perder el trabajo y de hacer hasta lo imposible porque no consigan otro; la obstaculización para un ascenso o incremento salarial; el escarnio y la exposición pública de su honra mediante la viralización de falsos en redes sociales; son solo algunas de las formas que garantizan que las mujeres guarden silencio y no se atrevan a denunciar. Todos sabemos lo que pasa y cómo pasa. Que nos hagamos pendejos es otra cosa.

Es por todo esto que la valiente denuncia de Edgar Gutiérrez debe ser respaldada, no por él, sino por la integridad de las damas que –a estas alturas– estarán aterradas. Este miedo se palpa en casos mucho más pequeños en el que un simple jefe de sección o departamento ejerce la presión y el acoso, ya no digamos en este caso que se trata nada menos que el que debiera ser el representante de la unidad nacional, el Presidente de la República.

En el caso concreto que nos ocupa, hay indicios más que suficientes para que el Ministerio Público proceda de conformidad. En primer lugar, no es perico de los palotes quien hace la denuncia. Se puede estar en acuerdo o desacuerdo, se le puede tener afecto o animadversión, pero todo mundo concuerda en que Gutiérrez es un académico, analista y columnista serio, ex canciller y consultor de organismos internacionales; algunas fuentes incluso lo relacionan mucho con dinámicas y procesos relacionados con Estados Unidos[2]. Nadie de su perfil arriesgaría su reputación por un chisme o denuncia falsa. En segundo lugar, la denuncia del articulista es retomada por otra persona con credibilidad y seriedad, como lo es Oscar Marroquín Godoy director de La Hora, quien incluso ahonda en el tema afirmando que una de las personas afectadas trabaja en el Ministerio del Ambiente. Otros medios como Soy 502, Guatevisión y Prensa Libre, también hacen eco de la denuncia. En tercer lugar, Rottman Pérez, ex secretario de Política Criminal del Ministerio Público, confirma la existencia de una denunciante y que se reunió con ella en una sesión de “asesoramiento” para concretar la denuncia en contra del presidente.[3] En cuarto lugar, Gutiérrez no solo confirma de nuevo la denuncia, sino dice tener un audio y que conoce a una de las víctimas desde hacer muchos años. Refiere además, que se trata de al menos diez personas, lo que a criterio de muchos juristas y analistas, podría constituir una posibilidad de delito de trata de personas, relacionada con una red de “colaboradores” enquistados en el Estado. En quinto lugar, la propia Fiscal General actual cita al denunciante con el que brindan una conferencia de prensa, en la que nuestra ágil funcionaria se limitó a decir que esto es un “primer acercamiento” pero que los indicios están allí y que se compromete a brindar la protección necesaria a las víctimas. En sexto lugar, la conducta y talante ético del señalado no es precisamente ejemplar. Desde las acusaciones de corrupción, el proceso judicial de su hermano y de su hijo, las presiones espurias para expulsar a la CICIG de Guatemala, hasta las exhibiciones públicas en un estado emocional y físico que, al menos, podría calificarse de “alterado”.

Hay un imperativo moral, sobre todo con nosotros los varones, para crear las condiciones y que este tipo de abusos cese, para que las víctimas puedan tener la garantía de denuncia, sin las consecuencias de revictimización y escarnio que hoy las detienen. Desaprendamos lo malo y reaprendamos la equidad y la ética como prioridad.

[1] La sororidad es un término derivado del latín soror que significa hermana. Sororidad es un término utilizado para referirse a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de género.

[2] Recientemente efectuó dos viajes, de los muchos que hace, a Washington por motivos de trabajo.

[3] Esto fue en las postrimerías de la Administración de Thelma Aldana.

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