Opinión

JOSÉ ALFREDO CALDERÓN: Los cambios que pueden convertirse en “cambios”…

José Alfredo Calderón E.

Historiador y observador social

En julio recién pasado, abordé el tema del sistema político guatemalteco y de cómo sus bases estructurales no cambian porque son el sostén del statu quo. Sin embargo, también indiqué que las elecciones de 2019 serían muy diferentes gracias –entre otras cosas– a las reformas electorales de primera generación.[1] Claro que tres meses atrás, no estaba la locura actual en la que el Pacto de Corruptos tomó una bocanada de aire muy fuerte, gracias a los apoyos de los “funcionarios Trump”[2] en contraposición a la línea institucional del Departamento de Estado. En medio, se “cuenta” con el embajador más “flojito” que se ha tenido, razón por la cual los lineamientos vienen vía directa desde Washington. La línea institucional gringa sigue su accionar para bajarle calorías al envalentonamiento de la alianza oscura, pero ese será otro tema, aunque por supuesto, guarda relación con el proceso electoral del año entrante, la principal preocupación del gobierno norteamericano y las elites para generar la tan ansiada “estabilidad” de la punta de lanza (Guatemala) en el Triángulo Norte.

Hoy quiero advertir sobre los peligros que se ciernen sobre lo que ya dábamos por hecho: los cambios provocados por las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, los cuales, corren el riesgo de perder su fuerza, aun manteniendo la legalidad[3] y legitimidad. Hagamos un repaso de la base sobre la cual partí para indicar que el proceso electoral sería muy diferente a los anteriores, sin necesidad de cambiar el sistema como tal. También afirmé que estos cambios no eran para nada despreciables.

  1. Inclusión nueva del voto migrante: En sus inicios, esta reforma lucía fundamental en teoría, por la potencialidad que significaba la fuerza migrante en USA. En la práctica, ya no hay tiempo para implementar mayor cosa pues no existe la menor voluntad política para hacerlo y el tiempo es muy corto.
  2. Control del financiamiento electoral anónimo e ilícito: Después que se develó el llamado “pecado original” del sistema político guatemalteco y el involucramiento (y posterior perdón público de las élites), quedó la certeza (que ahora no es tal) de que los empresarios tendrían miedo de incurrir en estos delitos nuevamente, máxime que la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG– había firmado un convenio con el Tribunal Supremo Electoral –TSE– para darle seguimiento y control a este flagelo. Pues resulta que pasaron dos cosas: Por un lado el debilitamiento de CICIG por los motivos ya conocidos y por el otro, la eliminación que hizo el TSE de tres requisitos para garantizar que no habrían contratistas como candidatos a puestos de elección.[4] En el primer caso, el convenio ya citado sigue vigente pero sin mayor fuerza, o cuando menos, marchando a un paso más lento. En todo caso, solo el TSE no tiene la capacidad, poder y logística para garantizar que no haya nuevamente financiamiento ilícito. En el segundo caso, queda abierta la participación de contratistas (conflicto de intereses) y corruptos en los cargos de elección.
  3. Pauta comercial política mediada por el TSE: Uno de los grandes avances ha sido que el tiempo de aire lo controla ahora el TSE y lo repartirá en forma ecuánime entre los partidos. Sin embargo, las presiones a los magistrados son terribles[5] y queda pendiente un amparo en la Corte de Constitucionalidad, interpuesto por las Cámaras Empresariales que hasta ahora hacían su “agosto” en los procesos electorales.
  4. Campaña más corta: El cambio se mantiene y produce dos efectos positivos importantes: Menos saturación del electorado y más consistencia en los mensajes ante el poco tiempo disponible. Sin embargo, también presenta el peligro de que las campañas negras hagan más daño y no se cuente con la capacidad de respuesta/aclaración. Por otra parte, ya no queda tiempo para “construir” nuevos candidatos. Están los que están.[6]
  5. Veda al transfuguismo: Otra demanda ciudadana contenida en las reformas y que hoy se ve amenazada. Los diputados hacen esfuerzos denodados, oscuros y subterráneos para revertir esta medida. Conociéndoles, se atreverán y la capacidad de protesta social no es la de antes.
  6. Presidente Electo y Presidente en funciones: El nuevo lapso electoral contenido en las reformas, provocará un vacío de poder aún mayor del que ya padece Jimmy Morales actualmente. En junio 2019 tendremos presidente ganador en primera vuelta y en agosto presidente electo, entregando el mandatario vigente en enero del siguiente año.
  7. Voto nulo vinculante: Aunque en apariencia fue una gran victoria, poca gente sabe que el mecanismo operativo es, en realidad, una burla. Si el voto nulo obtiene mayoría absoluta de votos (mitad más uno con relación a los votos válidos), la elección debe repetirse pero los mismos candidatos participarán (¡!).

Ante este cuadro, la poca masa ciudadana debe estar atenta y presta a la movilización para defender estos avances que, sin generar un nuevo sistema, si aportan una modificación nada despreciable, como primer peldaño para una futura reestructuración del sistema político que es lo que corresponde.

 

[1] Nos quedamos esperando los cambios de segunda generación (2017-2018), los cuales tampoco cambiaban el sistema pero si introducían cambios más profundos en la supra estructura política de esta comarca.

[2] Nikki Halley (ahora fuera por renuncia), Mike Pompeo, Marco Rubio y otros. Por cierto que la renuncia de Halley se da en el marco previo de las elecciones de medio período en USA y las acusaciones contra ella y su esposo, por favores recibidos por medio de viajes.

[3] En Guatemala la legalidad se vuelve “legalidad”, pues el antiquísimo “se acata pero no se cumple” pareciera ser la consigna…

[4] Con el Acuerdo 445-18 del 26-09-18, el tribunal electoral modifica el artículo 53 del Reglamento de la Ley y elimina 3 requisitos que se le exigirían a los candidatos (Contraloría de Cuentas, Ministerio de Finanzas, Supertintendencia de Administración Tributaria y Registro Mercantil).

[5] Cabe resaltar la renuncia del funcionario contratado para dirigir este departamento.

[6] Escribí en otra columna que los únicos candidatos con el insumo indispensable de conocimiento público mínimo del 70% son cuatro: Thelma Aldana, Sandra Torres, Alejandro Giammattei y Zury Ríos (en ese orden).

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