Opinión

José Alfredo Calderón | De antejuicios con efectos expansivos

José Alfredo Calderón E.                                                                                                               Historiador y observador social

El miércoles 22 de agosto, la Corte Suprema de Justicia tramitó las solicitudes para levantar el antejuicio al presidente Jimmy Morales y a la diputada Nineth Montenegro del partido Encuentro por Guatemala, bajo la acusación de financiamiento ilícito. Si bien la solicitud en sí no es nada especial, si lo es la concatenación, coyuntura y relacionamientos que tienen estas dos acciones y cuyo procedimiento es de diferentes vías.

La denuncia contra Jimmy Morales

El antejuicio presidencial pasó al Congreso y ya se formó una Comisión Pesquisidora formada por cinco diputados: Presidente:Luis Fernando Montenegro (Encuentro por Guatemala); Vicepresidente: Carlos Santiago Nájera Sagastume (UNE); Secretario: Fidel Reyes Lee (UNE); Vocal I: Rudy V. Pereira Delgado (FDN-Nación) y Vocal II: Boris Roberto España Cáceres (Independiente).   Esta Comisión no tiene poder judicial, solo examina si hay suficientes indicios que recomienden al pleno que se proceda a quitar la inmunidad, para lo cual se necesitan 105 votos (mayoría calificada).

La denuncia se basa en la acusación por financiamiento ilícito contra el señor Jimmy Morales, Secretario General del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN, por no reportar al Tribunal Supremo Electoral –TSE– la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral. Los fiscales de esa organización política, participaron en su representación los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, durante la primera y segunda vuelta del proceso electoral de ese año. De la investigación sobre las cuentas de FCN-NACIÓN conforme documentos y constancias, se estableció un aporte por un monto aproximado de Q7,560,476.70 que sirvió para el pago de fiscales de mesa y el pago de material publicitario, consistente en volantes y calendarios de bolsillo.

Así mismo, se incluye otro hallazgo por el pago de capacitaciones para los entonces candidatos a Presidente y Vicepresidente, realizado por “Fundación G” y que tampoco fuese reportado por una cantidad de por lo menos Q359,899.00. La Fiscalía contra Delitos Electorales informó que la suma de financiamiento anónimo asciende a un total de Q7,920,375.70 no reportados al Tribunal Supremo Electoral.

La denuncia contra Nineth Montenegro

En este caso, la Fiscalía de Delitos Electorales da cuenta que la actual diputada de Encuentro por Guatemala, en su calidad de secretaria general y representante legal de dicho partido, incumplió con presentar en tiempo al TSE, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015. Entre otros hallazgos denunciados, no se pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1,748,232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la organización política. Básicamente se habla de dos aportes: a) el efectuado por la entidad Maximun Financial and Investments Services por Q76,784.30 o su equivalente en dólares (US$10,000.00) destinado al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales, por medio de la entidad YEYO, S.A. Dicho aporte no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo. b) Apoyo a la campaña electoral 2011 a la señora Montenegro, por la entidad Publicidad Avance S. A. Al menos Q197, 500.00 fueron entregados pero no reportados dentro de la contabilidad del partido político Encuentro por Guatemala, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo. En este caso el Antejuicio no va al Congreso sino que lo resuelve la Corte Suprema de Justicia, habiéndose nombrado ya jueza pesquisidora.

De los encartados

Mientras un Jimmy Morales enfrenta un nuevo proceso de antejuicio que ya todo mundo esperaba, la acción contra la diputada Montenegro sorprendió a la mayoría. El gobernante ha recibido nueve solicitudes de antejuicio, de las cuales sólo han prosperado dos (con la actual). Este nuevo procedimiento llega después del torbellino que significó la acusación del ex canciller y columnista Edgar Gutiérrez por supuestos actos de abuso sexual en contra de al menos dos señoritas que trabajan para el Estado; proceso que si bien se estancó, no ha terminado su curso. En consecuencia, esta segunda acción, se toma como una mancha más para el tigre, mientras que el otro proceso, sorprende por haberlo unido al del presidente, y porque la diputada había sido hasta hoy, un ícono de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Dicha representante ha denunciado por años, la serie de acciones anómalas dentro del hemiciclo parlamentario y esta acción –independientemente de su resultado– la hacen la gran perdedora.

Por otra parte, la acusación contra el presidente es más sólida en esta oportunidad, pues las personas que incurrieron en los aportes ya confesaron su delito y pidieron perdón público.[1] Esta concatenación no se tenía en el caso de la primera solicitud de antejuicio y la investigación efectuada por la Comisión Internacional contra la Impunidad –CICIG– termina de darle más solidez al caso.

A quiénes beneficia y perjudica

Este proceso es bien complejo por la cantidad de personajes que se ven involucrados directa o indirectamente. Planificado o no, la denuncia presentada por el MP y la CICIG en forma conjunta, tiene los siguientes impactos:

  • Le lava la cara a una fiscal que, después de tres meses, no daba visos de querer continuar la lucha contra la impunidad, sino más bien, cumplir con los propósitos contrarios a esto. Es evidente que la nueva Fiscal se movió al lado contrario del Pacto de Corruptos, siendo todavía temprano para sacar conclusiones definitivas al respecto. Esta movida coyuntural puede ser definitiva o temporal.
  • El empresario Dionisio Gutiérrez resulta implicado por su estrecha –y muy conocida– relación con la diputada Montenegro y el partido Encuentro por Guatemala, como efectivamente ya salió a luz. No hay que olvidar que el señor Gutiérrez lidera una parte del empresariado que se opone al grupo tradicional de las elites, cuyas pugnas intraoligárquicas dominan la coyuntura post Plaza.
  • La precandidata presidencial y ex Fiscal General, Thelma Aldana, también sufre un “rozón”, porque su plataforma se basaba –entre otros grupos– en el partido Encuentro por Guatemala, el cual ahora, debe ser descartado independientemente del resultado del proceso político y judicial.
  • El Comisionado Iván Velásquez y la CICIG resultan respaldados porque al incluir a Nineth Montenegro, se descarta el “bendito paracuandismo” de algunos sectores conservadores, quienes habían venido insistiendo en un supuesto sesgo de lo que ven como persecución parcial de la Comisión Internacional.
  • El Partido Encuentro por Guatemala ve frustrada su participación electoral en 2019, independientemente del resultado del antejuicio.[2] Nineth termina una carrera que debe reconocerse relevante.
  • Otros personajes salen y seguirán saliendo involucrados, como el caso del Lic. Alfonso Carrillo.

Al final de cuentas, el presidente saldrá con vida pero basado en una victoria muy pírrica, pues los 105 votos no serán alcanzados y el antejuicio, aún con mayoría de votos, quedará en “Stand By” para un futura ocasión, tal y como sucedió con el primero. Eso sí, el debilitamiento presidencial parece ya definitivo y será cuestión de poco tiempo para que emule al ex presidente Otto Pérez. Incluso sus aliados más extremistas como Fundaterror, ya lo dan como capítulo vencido…

 

[1] Empresarios de la elite conocida como G-8, reconocieron públicamente ante los medios de comunicación, los aportes efectuados a FCN-Nación. El proceso sigue abierto y seguramente habrá condenas en el mismo.

[2] No solo ya el MP pidió su cancelación, sino que el daño político será irreversible.

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