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JIMMY MORALES: camino tortuoso. Antejuicio y prolongación de su lucha contra CICIG

Han transcurrido un poco más de 30 meses de gestión del presidente Jimmy Morales, un tiempo marcado por errores, escándalos, peleas y alianzas con los sectores más identificados con la llamada VIEJA POLÍTICA. Aunque cada crisis enfrentada ha dejado huella, el mandatario ha sobrevivido, pero ahora está en medio de su peor momento político. Para superarlo, confía en la eficiencia del llamado “Pacto de corruptos”


El presidente Jimmy Morales no ha aprendido de sus propios errores. El anuncio anticipado –más de un año– de no renovación al mandato de la CICIG en Guatemala, demuestra que el mandatario no cuenta con una estrategia política para crear estabilidad en el país.

En medio de su proceso de antejuicio ha salido con una acción que, lejos de sumar a su favor, le abre nuevos frentes y sigue erosionando una imagen que ha caído bastante desde el día que inició su gestión.

El 14 de enero de 2016 en el Teatro Nacional, el recién juramentado presidente de la República, Jimmy Morales, repudia la vieja forma de hacer política, censura la corrupción con fuerza y promete transparencia, además de grandes cambios; incluso pide a los presentes que juren –con la mano en alto– que van a trabajar por hacer una Guatemala nueva.

Atrás ha quedado la tranquilidad del trabajo realizado como actor cómico y productor que le dio a conocer entre los sectores populares, a los que conquistó en la campaña electoral con la frase Ni corrupto ni ladrón. Ya en el cargo ha mostrado gran capacidad para provocar crisis –de diferentes tipos y matices–, casi siempre rodeadas de escándalos, confrontación y polémica.

Han transcurrido cerca de 30 meses y la huella que ha dejado está marcada por actitudes que apuntan a lo contrario de lo prometido el primer día de su gestión. No hay agenda gubernamental a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, mientras el presidente Morales se mantiene en una especie de montaña rusa política, sin un rumbo definido.

La lista de los errores y las promesas incumplidas se acumulan, como también las denuncias en contra de malos manejos en la administración pública. Lo peor de todo, se percibe que el punto no. 1 de la agenda de Jimmy Morales no se relaciona con temas como salud, educación, seguridad, infraestructura, desnutrición y demás, sino se centra claramente en luchar por salir de Iván Velásquez o, al menos, debilitar la gestión de la CICIG.

El recuento de las crisis y tropiezos presidenciales es largo.

Entre tumbos y mentiras

Desde el inicio del gobierno en enero de 2016 se dieron los primeros tropiezos, que hicieron que no se creyera que se quería dejar atrás la vieja política y empezar un gobierno diferente como el anunciado en el discurso.

El primer incidente se da con el nombramiento de la ministra de Comunicaciones, Sherry Ordóñez, quien es obligada a dejar el cargo cuando la prensa comprueba que es contratista del Estado. Curiosamente, a lo largo de los meses siguientes, llegaron a cargos públicos varios contratistas y no han sido removidos, como sí si no hubiera sucedido el caso de Ordóñez.

En varias entrevistas como candidato, Jimmy Morales se pronunció en contra del transfuguismo en el Congreso, al extremo de decir que nunca se aceptaría a diputados que llegaran de otros partidos en las filas de FCN-Nación. Esta promesa duró muy poco, pues apenas en febrero del primer año de gobierno, el partido oficial pasa, de apenas 11 diputados, a ser la bancada más fuerte del Congreso, todo en base a ofrecimientos de plazas, obras y otros privilegios. Otra actitud a favor de la vieja política.

A estas oscuras prácticas se suman nombramientos de funcionarios a amigos, parientes, amigos y parientes de diputados y similares, al extremo de crear un crecimiento burocrático de más de 21 mil empleados públicos, mientras aumentan las demandas de incrementos salariales y por más recursos en todas las instituciones de servicio.

En septiembre –un mes con malas noticias para el mandatario–, aparecen unas facturas comprometedoras dentro de una investigación que llevan a cabo el MP y la CICIG. El problema es que los nombres que se ven implicados, son los de Manuel y Samuel (Sammy) Morales, hijo y hermano del mandatario. No se habla de involucrarlos en el caso, pero en el ambiente flota una tensión entre Jimmy Morales y el binomio de fiscales Thelma Aldana e Iván Velásquez, a quienes no vuelve a acompañar en conferencias de prensa.

Aún así, el año 2016 transcurre en medio de una relativa calma, presagio sin embargo de lo que está por venir con el 2017.

Llegan los retumbos

El 8 de marzo de 2017 puede ser considerado un punto de inflexión para Jimmy Morales, porque a partir de ese momento no ha vuelto a tener un período de calma. Como suele ocurrir, poca atención se puso en 2016 en torno al nombramiento de funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS).

Tuvo que suceder la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de San José Pinula, para que toda la atención fuera hacia esta dependencia. Es entonces cuando se sabe que la contratación del personal de esa dependencia está en manos de Andrea Virginia Cano, maquillista de la Primera Dama de la Nación, Patricia Marroquín de Morales.

La Plaza recobró la vida y protestas de 2015. La indignación social se manifiesta contra el presidente Morales y su administración por la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que cobró la vida de 41 niñas y adolescentes por negligencia de las autoridades.

Aquella tragedia cobra la vida de 41 niñas y adolescentes que mueren quemadas; durante meses se habló de negligencia de las autoridades. Incluso hubo un antejuicio solicitado en contra del Presidente, pero no logró pasar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aunque el gobernante sufre fuerte desgaste y su popularidad principia a mostrar vertical caída.

La paz y estabilidad no volverá a Casa Presidencial ni a la familia Morales.

Poco después, el 15 de mayo, el MP y la CICIG formalizan la acusación en contra de Manuel y Sammy, un proceso que se encuentra en su etapa de juicio oral en los tribunales. Ambos son acusados de haber utilizado facturas con información falsa para hacer una venta de canastas navideñas en el Registro de la Propiedad durante la administración del PP.

El distanciamiento con Aldana y Velásquez se convierte en confrontación abierta de manera paulatina. Trasciende en ciertos círculos que el presidente Morales está hablando con políticos y diplomáticos para quejarse del acoso por parte de las autoridades fiscales, pero lo peor estaba aún por llegar.

En 2016, el gobernante apoyó públicamente una iniciativa del MP y la CICIG para impulsar una reforma constitucional relacionada con el sector justicia. Sin embargo, en 2017 ya el ambiente de confrontación se percibe. La reforma fracasa, pero es utilizada por Morales y algunos grupos para distanciarse de la CICIG y su lucha contra la corrupción, introduciendo el elemento ideológico en la disputa y se monta toda una campaña de desinformación para hacer ver a la Fiscal General y al comisionado colombiano, como de izquierda. Dentro del Congreso se cierran filas también, siempre en torno al partido FCN-Nación.

El presidente Morales estrecha sus lazos con los militares como aliados estratégicos, pero esta cercanía también le traerá dolores de cabeza más adelante.

La CICIG había anticipado desde 2015 que investigaría el financiamiento de los partidos políticos, y pronto se sabe que se ha encontrado un hilo conductor y varios partidos habrían incurrido en prácticas ilícitas.

El 25 de agosto estalla la bomba. Se ha planteado ante la CSJ una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, por el financiamiento ilegal de FCN-Nación, por al menos Q6.7 millones que no fueron reportados durante la campaña electoral de 2015, cuando él era el Secretario General del partido.

La peor de las crisis

Entre los últimos días de agosto y septiembre se acelera una crisis como pocas, en la que se ve involucrado directamente el primer mandatario de la Nación –que para entonces, de ser uno de los presidentes latinoamericanos con mayor popularidad, ha caído a niveles de aprobación inferiores al 35%–.

Mientras la Corte Suprema da trámite a la solicitud de la CICIG y MP, el Presidente hace que el Congreso cierre filas y se prepare para respaldarlo. Son muchos los diputados y partidos políticos que están en la mira de los fiscales, por lo que no es difícil formar un bloque sólido, el que pronto sería llamado Pacto de corruptos por la oposición y sectores ciudadanos.

En ese momento los astros parecen alinearse para que el país viva una crisis profunda. El domingo 27 de agosto, a las 6:00 horas, sorprende un breve mensaje presidencial por las redes sociales, en las que Morales anuncia que ha declarado non grato al comisionado Velásquez y lo expulsa del país. La orden fue revertida por resolución de la CC, pero las aguas políticas están más que agitadas.

El 11 de septiembre, el Congreso –como era de esperarse– no le retira la inmunidad a Morales. La iniciativa solamente logra el voto de 25 diputados independientes, mientras el oficialismo alcanza 104 votos.

En medio de la euforia por la victoria, ese bloque de diputados pretende hacer reformas al Código Penal para favorecer a dirigentes políticos y en la oscuridad de la noche, las aprueba el 13 de septiembre, aunque por ser una aberración jurídica y política, se ven obligados a dar marcha atrás por la presión social que muestra su rechazo encerrándoles en el edificio parlamentario,.

Sin embargo, el Pacto de Corruptos, se muestra vigente y dispuesto a librar otras batallas más adelante, como la que está por tocar a sus puertas.

La agitación por los acontecimientos es tal, que otro escándalo rodea al Presidente Morales, cuando trasciende que durante un año ha recibido un sobresueldo de Q50.000 mensuales, que el Ejército le paga como bono de riesgo a él, que es el segundo presidente mejor pagado de Latinoamérica y tiene uno de los presupuestos más elevados para su equipo de seguridad (SAAS).

Luego, en octubre, estalla una nueva bomba que sacude al país y sus efectos llegan a Casa Presidencial, esta vez, para ver unidos los esfuerzos y sentimientos anti-CICIG con el Palacio de la Loba.

Eso ocurre un jueves de CICIG, el 5 de octubre, cuando tras allanamientos a la Municipalidad capitalina, los fiscales Aldana y Velásquez, anuncian en conferencia de prensa que solicitan el antejuicio contra el hasta entonces intocable alcalde Álvaro Arzú. El delito que se le imputa es el de financiamiento electoral ilícito, por haber pagado con fondos de la Municipalidad propaganda para su reelección.

Sin embargo, en medio de la investigación del llamado Caso Caja de Pandora, salen a relucir hechos que podrían haber vinculado al hoy fallecido ex Presidente de la República en el Caso Gerardi, que pronto será reabierto por la justicia.

Es entonces cuando se produce la gran alianza Arzú-Morales. El Alcalde ataca furibundo a la CICIG, llegando al extremo de calificarla de entidad extranjera con fines golpistas.

Como suele ocurrir, en los meses de noviembre y diciembre, baja la tensión política,

Lo que fue aprovechado para recuperar las voluntades de los diputados del famoso Pacto, quienes aceptaron las directrices que llegan desde Casa Presidencial y el Palacio Municipal, en donde se ha decidido entregar la Presidencia del Congreso al partido con menos diputados: por supuesto, el Unionista (PU), con Álvaro Arzú Jr.. El Pacto se consolida con fuerza para enfrentar todo lo que pueda venir en el futuro.

Jimmy y Arzú Jr. son una fórmula diferente a la que antes tuvo con Arzú padre. En todo caso, la misma línea, con menos dirección y fuerza.

Se inicia el 2018 con la misma tónica que ha marcado a la administración de Jimmy Morales, en buena medida, porque el Presidente no ha cedido ni por un día en su intento por salir de la CICIG o, en su defecto, reducir su campo de acción e influencia.

En el mes de abril ocurrieron acontecimientos importantes. Dos de los más connotados líderes de la vieja política, el ex presidente de facto, Efraín Riós Montt y el alcalde Arzú fallecieron por causas naturales. Aunque el primero no estaba activo en la política, era para muchos un símbolo importante de esa corriente política que ha vivido bajo el manto de la impunidad.

Pero la otra bomba llega el 15 de abril, cuando un nuevo destape del MP-CICIG, muestra que el partido FCN-Nación ha dejado de reportar Q15 millones de financiamiento recibido de un grupo de empresarios y se implica directamente al presidente Morales, por ser el Secretario General. Cuatro días después, el 19 de abril, los empresarios ofrecen conferencia de prensa en el que reconocen el hecho y piden disculpas por lo actuado.

Otro capítulo poco brillante para el gobernante, ha sido el intento por expulsar también al embajador de Suecia, Anders Kompass, un aliado por el apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Bajo la asesoría de la canciller Sandra Jovel, el mandatario reitera su postura en contra de la lucha contra la corrupción, y vuelve a fallar, al menos temporalmente, pero su imagen en el mundo diplomático se desgasta sustancialmente.

En medio de tanta turbulencia, Jimmy Morales puesta por mayor tranquilidad sin la presencia de Aldana en el MP, pero a él la paz le huye constantemente, pues la investigación queda en manos de la nueva Fiscal General, Consuelo Porras, quien aunque se tarda bastante en decidir, finalmente anuncia que, junto a CIGIG, el MP pide el nuevo antejuicio.

La preocupación no llega a ser agobiante, por la certeza que tiene de que sigue vigente el Pacto de corruptos, aunque con la experiencia previa, sabe que la paz está lejos de su entorno, en donde sin embargo le insisten al oído que continúe con su lucha contra Velásquez y la CICIG.

¿Era necesario?

El pasado viernes, Morales sorprendió al ordenar el pasado viernes lo que parecía un cerco militar en contra de la CICIG desde temprana hora, y luego aparecer para dar un mensaje a la Nación rodeado de altos jefes militares –a los que se intercaló algunos policiales–, para anunciar que no se renovará el mandato de la CICIG a partir del 19 de septiembre del próximo año.

¿Por qué con un año de anticipación? Es una pregunta sin respuesta por el momento, pero evidentemente se pretende reducir el impacto de la CICIG en los procesos judiciales en los que interviene, además de debilitar cualquier acusación que haga a partir de la presente fecha.

El problema para el país es que el anuncio ha profundizado la división de la sociedad guatemalteca y genera incertidumbre de cara al futuro, sobre todo, por el rechazo internacional que su decisión ha encontrado.

Una acción calificada como un “duro golpe” a la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, sin que pueda generar la estabilidad socioeconímica que se requiere. También ha generado mayor inestabilidad política en el país.

Enb todo caso, está por terminar el tercer año de su administración, pero nada permite suponer que lo que resta de su período será diferente a lo que se ha visto hasta ahora. La vieja política es su compañera y los grandes ausentes son la transparencia y alguna acción positiva para dejar huella en la historia.

 

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