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¿Golpe electoral o golpe contra la Constitución?

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El 6 de diciembre pasado,  la oposición venezolana reunida en la colisión de partidos denominada, Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo mayoría calificada con 112 diputados de los 167 que componen la Asamblea Nacional.

 

Este triunfo estuvo antecedido de una campaña caracterizada por la violencia tanto discursiva como fáctica. El presidente Nicolás Maduro, amenazó con gobernar a través de una alianza cívico militar si la oposición ganaba las elecciones parlamentarias. Es claro que el oficialismo manejaba los mismos datos que se hicieron públicos meses antes y que arrojaban una importante diferencia a favor de la oposición.

 

Tanto así, que el gobierno, ante la mirada atenta de la comunidad internacional, fue capaz de asumir el costo político de los hechos de violencia en contra de candidatos en campaña que dieron como resultado el asesinato de un dirigente del partido Acción Democrática, en el Estado Guárico.

 

Las inhabilitaciones de candidatos, la confusión en la tarjeta electoral que afectaba la elección de los votantes,  28 municipios bajo estado de excepción, fueron varias de las no pocas limitaciones a los que se enfrentaron tanto candidatos como electores. Sin mencionar aquellas deudas estructurales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha asumido como tareas en pro de depurar el proceso electoral venezolano.

 

Maduro reconoció los resultados inmediatamente después de las declaraciones de la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, con una serie de reflexiones sobre las causas de la pérdida del oficialismo. Pero a la fecha, el gobierno se ha dado a la tarea de desconocer los resultados, llamando al triunfo de la oposición de golpe electoral. Los mismos que semanas antes, firmaron un acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales, son quienes ahora dudan de la veracidad de los mismos, solicitando la investigación de 1,5 millones de votos nulos.

 

Algunas de las causas de dicho desconocimiento, tienen su origen en Diosdado Cabello, quien, desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, se ha fortalecido como “jefe” de una de las facciones del chavismo, utilizando la televisora nacional para posicionar temas que le son de interés, pero por sobre todo, para amenazar a la disidencia política.

 

Y en relación al rol que Cabello pretenda jugar, en adelante, dependerá de las reacciones del gobierno en este nuevo escenario. Por ejemplo, otro cargo le garantizaría a Cabello su posición de “cuasipresidente”, conformándose con ser un diputado más. Pero la discusión radica en cómo las fichas fuertes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), continúan manteniendo ese poder.

 

En cuanto a la instalación del parlamento comunal, hay que recordar que en el pasado, el gobierno dispuso de enormes recursos para dar vida a los concejos comunales, con la intención de disminuir las atribuciones de las autoridades municipales. Actualmente, la figura de los concejos comunales se ha venido desdibujando y pesan sobre algunas acusaciones de mal manejo de fondos.

 

Sin ir más allá, el control sobre el poder judicial es una de las cartas que el gobierno se jugaría antes de que la nueva mayoría asuma sus funciones. Y efectivamente, de manera ilegal, el oficialismo en el parlamento juramentó a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sustituir a magistrados cuyo periodo vence en el 2016. Con ello violentó no solo requisitos de forma sino de fondo, ya que dentro de sus propuestas hay quienes no cumplen con las exigencias de ley para ostentar dichos cargos, como la de no renunciar a cualquier militancia política.

 

Por otro lado, el sector militar continúa siendo un actor principal. Algo lamentable, porque se supone que las democracias ya han superado los capítulos de supeditación de los procesos ciudadanos a las actuaciones militares. En el caso en cuestión, han sido llamativas las declaraciones del actual ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López, al manifestar que “no habrá golpe, autogolpe ni junta cívico-militar”. Por ello se adjudican la aceptación a regañadientes de los resultados electorales a la posición de las Fuerzas Armadas en apoyo a la institucionalidad.

 

Aunque mucho se ha dicho en relación al triunfo de la oposición, como resultado del voto castigo, la realidad es que quienes votaron por la oposición esperan que a través sus facultades como legisladores, se puedan dar pasos para salir de la terrible crisis en la que se encuentra Venezuela.

 

De hecho, la oposición ha dado a conocer públicamente unas propuestas iniciales sobre las cuales concentrarán sus esfuerzos y abordan desde mi perspectiva temas fundamentales para el país, desde una lógica sensata y técnica. Algunas de estas propuestas,  también deberán abonar para construir un mejor escenario para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes del 2016.

 

No seria justo dejar de mencionar la importancia de la sociedad civil organizada en la edificación del tejido social a pesar de los ataques de los que han sido objeto a lo largo de estos años de la llamada revolución socialista. La nueva mayoría parlamentaria -y debería decir el parlamento en su conjunto-, cuenta con organizaciones de enorme experticia en los temas urgentes, que pueden aportar su conocimiento para el desarrollo de una legislación que permita superar la grave situación.

 

Otro aspecto que resulta clave, es el rol de la comunidad internacional en las elecciones. Esta fue testigo de cómo la oposición hacía campaña a riesgo de su propia vida y promovía el voto a pesar de las dudas sobre la transparencia del CNE. Bajo ese escenario, el oficialismo amenazaba con “ir a una batalla” en el caso de perder. Sin ir más lejos, el apoyo del recién electo presidente de Argentina, Mauricio Macri, reivindica en América Latina que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Asimismo, la participación de ex presidentes y parlamentarios, ha constituido un soporte supremo para el encuentro de rutas democráticas.

 

En esta línea, hay un objetivo supremo: no permitir un golpe contra la Constitución. Esa es una tarea inmediata.

Por Karla Velásquez, asesora de la Red  Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. @kjvelasquezf

 

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