Internacional

Impiden a niños migrantes recibir educación pública en Estados Unidos

Varios cientos de niños migrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal se vieron impedidos de inscribirse en escuelas o recibir servicios educativos en los distritos escolares en cuatro estados, publicaron hoy investigadores del Georgetown University Law Center.

Las leyes estatales señalan que todos los niños, incluso los que no tengan residencia legal en EEUU, deben asistir a la escuela al menos hasta el octavo grado o hasta los 16 años de edad. Muchos estados permiten que los estudiantes se inscriban más allá de esa edad, de acuerdo con la Comisión de Educación de los Estados, señaló por su lado el consultor Fernando Castro. 

El informe de la Universidad de Georgetown indica que los investigadores del centro expresan que los niños han enfrentado retrasos en la inscripción, dejándolos fuera de las aulas como resultado de interpretaciones arbitrarias en algunos distritos de las reglas de residencia y las leyes estatales.
Adicionalmente, la falta de servicios de traducción e interpretación evitan que las familias de los niños estén informadas sobre el proceso, según el informe.
Los intentos del gobierno de encontrar y deportar a decenas de miles de niños centroamericanos no acompañados y a las familias que llegaron durante la oleada de cruces ilegales de 2014 complicaron aún más la situación, pues llevaron a algunos estudiantes a evitar ir a la escuela por temor de que serían detenidos por las autoridades, analizó Castro.
La ley estadounidense es clara en este punto: ningún niño en Estados Unidos debe ser excluido de la educación pública, según lo expresa el informe elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad y la organización no lucrativa Women’s Refugee Commission (Comisión de Mujeres Refugiadas).
El informe, que estudió distritos escolares en Florida, Nueva York, Texas y North Carolina, recomendó que se refuerce el apoyo federal a los distritos que no están acostumbrados a atender a poblaciones recién llegadas y a dar mejores garantías de que se mantiene el acceso educativo mientras al mismo tiempo se aplica la ley de inmigración, no especificando la nacionalaidad de los menores a quienes se les negó la educación.

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