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Guatemaltecos se movilizan en marchas contra la corrupción

 Varias marchas en contra de la corrupción realizan este miércoles, a partir de las 7:00 horas, decenas de miles de Guatemaltecos, que demandan la depuración del Congreso, exigen la renuncia del presidente Jimmy Morales y la reforma al sistema político del país, en medio de la peor crisis política que se vive durante el actual gobierno.

Sectores sociales, artísticos, campesinos, estudiantiles, mujeres, indígenas y académicos, entre otros, se han sumado al llamado a manifestar en contra de lo que se califica como “pacto entre corruptos”, que ha generado una la ola de indignación ciudadana provocada por señalamientos contra el mandatario por corrupción y polémicas acciones de congresistas acusados de seguir la misma línea.

Estas son las rutas de las marchas que se darán en la ciudad capital:

La protesta se realizará en ausencia del mandatario, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, en donde ayer participó como orador ante la Asamblea General, con un discurso mal hilvanado en el que arremetió nuevamente con la CICIG, organismo que lucha contra la corrupción y ha presentado casos en contra de familiares del Presidente y de él mismo.

Las manifestaciones de hecho comenzaron ayer con el bloqueo de carreteras en el occidental departamento de Totonicapán por miles de campesinos que exigen la renuncia de sus representantes ante el parlamento.

Esta mañana, en un manifiesto publicado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) , que no se sumó oficialmente a las marchas, se ha expresado a favor de la participación ciudadana.

Además, el Cacif se sumó al llamado de las iglesias católica y evangélica para abrir un diálogo entre distintos sectores de la sociedad “para plantear cambios que son necesarios”.

Las cámaras del Agro y la Industria, en tanto, se ubicaron en una opsición al movimiento ciudadano de este día. “No se deben paralizar las actividades del país, ahora es cuando Guatemala nos necesita unidos, respetando y fortaleciendo el Estado de derecho, produciendo, motivando las inversiones y creando empleos”, agrega.

– Gobierno fisurado –

La crisis comenzó el 25 de agosto cuando la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –un ente adscrito a la ONU– pidió levantar la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente por supuestas irregularidades en las finanzas del partido que lo llevó al poder en 2015.

Dos días después, el mandatario expulsó al jefe de la comisión de la ONU, el exjuez colombiano Iván Velásquez, al declararlo non grato. Pero la medida fue suspendida por la corte constitucional.

La medida de Morales llevó a la renuncia este martes de los ministros de Finanzas, Trabajo y Gobernación (Interior). Tras el intento de expulsión, ya había dimitido la cúpula de la cartera de Salud encabeza por la activista Lucrecia Hernández Mack.

“Hace tres semanas, inició una crisis política que nos hizo reflexionar sobre la continuidad al frente de nuestros cargos (…). Por tal razón, hemos decidido presentar nuestra renuncia”, señalaron en un comunicado conjunto Julio Estrada, ministro saliente de Finanzas; Leticia Teleguario, de Trabajo; y Francisco Rivas, de Gobernación (Interior).

– Leña al fuego –

Una semana después del intento de expulsar a Velásquez, una nueva ola de críticas surgió al salir a la luz el pago de Q50 mil mensuales que recibió el presidente Morales producto de un “bono extraordinario” otorgado por el ejército.

Sin embargo, la atención ciudadana se trasladó al Congreso cuando el 11 de septiembre los diputados rechazaron levantar la inmunidad a Morales, evitando así que el gobernante fuera investigado penalmente.

Este martes los jefes de bloques de los distintos partidos acordaron que en la sesión plenaria del próximo jueves será nuevamente reactivado el proceso para levantar los fueros al mandatario.

Para la bancada oficial, esa es una maniobra política que busca “lavar la cara” a los congresistas por la crisis y sacrificar al presidente.

No obstante, para quitar la inmunidad se necesitan 105 votos de los 158 diputados que integran el Congreso.

Dos días después los congresistas aprobaron polémicas reformas al Código Penal, que buscaban blindar a los líderes políticos de posibles acusaciones por financiamiento ilegal.

Además, las modificaciones permitían que delitos penados con hasta 10 años de prisión puedan ser excarcelables mediante fianza, cuando la norma original solo permite este beneficio para delitos sancionados con hasta 5 años de cárcel.

Ante las protestas de la población que denunció esas decisiones como un “pacto de corruptos”, los diputados retiraron el viernes pasado las dos polémicas reformas y fueron archivadas.

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