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ENFOQUE: El Ejército se pone en entredicho

Gonzalo Marroquín Godoy

Remover a 187 militares en la región norte y occidente del país no es algo que ocurra todos los días, por más que el presidente Jimmy Morales diga que son “cambios rutinarios” dentro de la institución castrense. Más parece que es una especie de “limpia sugerida” por la embajada de Estados Unidos, por tratarse supuestamente de militares muy cercanos al trasiego de drogas.

No son pocos los nombres de altos jefes militares –o ex militares– que se semanalmente se mencionan en elPeladero de elPeriódico como cercanos al negocio “del polvo blanco que no es harina”, así como otros que han salido a relucir en juicios contra narcotraficantes o lavadores de dinero en los Estados Unidos, entre los que ha destacado el del ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

Los cambios militares y –particularmente– el caso del general Erick Melgar Padilla, generan inquietudes y malestar ciudadano.

Todo esto ha sido una especie de fantasma que flota sobre el Ejército como institución. No es ningún secreto que en Guatemala, como en otros muchos países, los militares y narcotraficantes terminan formando una extraña amalgama de intereses y actividades, que se traduce grandes beneficios económicos para ambos.

Ahora que por los medios de comunicación se sabe tanto de las actividades de los narcos y sus vínculos con los poderes políticos y militares, no extraña lo que ha venido sucediendo desde hace ya décadas, aunque con mayor intensidad en tiempos más recientes y actuales.

No hay que olvidar que antes de eso, a causa de la guerra interna (1960-1996), los señalamientos estaban más vinculados a las violaciones a los derechos humanos que a este tipo de actividades delictivas. En todo caso, los propios oficiales jóvenes del Ejército mostraron su deseo de cambio con el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, precisamente porque tenían muy claro que la imagen de la institución se estaba deteriorando rápida y marcadamente.

El fin del conflicto armado parece haber abierto una nueva “línea de negocio” para algunos militares, quienes dañan con su actitud la imagen del servicio castrense.

Un aspecto negativo que funcionaba en aquel tiempo y al parecer continúa prevaleciendo, es el marco de impunidad en los crímenes de los militares. Ciertamente al Ejército nunca le ha gustado que a sus oficiales se les juzgue en tribunales ordinarios, pero eso es lo que ahora manda la ley. Los tribunales militares funcionan solamente en asuntos internos y no cubren los delitos comunes, mucho menos las violaciones a los derechos humanos.

En medio de toda esta ola de señalamientos y dudas por los vínculos con el narcotráfico, ha estallado un escándalo que, si bien puede ser menor en comparación con las mafias mencionadas, deja en entredicho, no solo a las autoridades actuales del ministerio de la Defensa, sino también al Ejército como institución.

Me refiero al general Erick Melgar Padilla, flamante comandante de la base Guardia de Honor, acusado por el MP y la CICIG por manipulación de la justicia –en torno al caso del asesinato del padre del militar–, quien se esconde, apañado por las altas autoridades castrenses, en su cargo y rango, para intentar evadir la justicia.

Supongo que los militares pensarán en el dicho aquel que dice que “entre bomberos no nos machucamos la manguera”, cuando en realidad deberían pensar en el respeto y prestigio de la institución y protegerla antes que a nada ni nadie.

Además, se están utilizando influencias en los tribunales para mantenerle una inmunidad que no existe, algo que solamente ha dejado entrever la maraña que se ha creado para defender el muro de la impunidad por el que muchos luchan en este momento.

Defender a este general no hace más que desprestigiar y poner –como ya señalé– en entredicho al Ejército y a sus más altas autoridades. Del “Comandante en Jefe”, el presidente Jimmy Morales, ya no puede esperarse nada en cuanto a casos de justicia. Ha dejado claro que él defiende el estatus quo y más si se trata de un militar amigo.

Son los oficiales mismos quienes deben luchar por rescatar y proteger la imagen de la institución. Ya lo tuvieron que hacer oficiales jóvenes en 1982 –rompiendo las jerarquías– y lo tuvieron que hacer porque los generales, coroneles y altos mandos, simple y sencillamente se negaban –como ahora parece suceder– a respetar el marco de legalidad de manera plena.

Están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo en el país en estos momentos, pero lo que los ciudadanos no debemos perder de vista es que las prioridades no deben cambiar: hay que luchar sin cuartel contra la corrupción y la impunidad. Sin eso, se pueden quitar todos los militares que se quiera de puestos clave, que pronto llegarán otros a seguir con su misma faena… así de fácil.

 

 

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