Opinión

  ENFOQUE: Cuidado con reformas a la Ley Electoral (LEPP)

Gonzalo Marroquín Godoy

Diferentes sistemas políticos funcionan –bien, regular, mal o pesimamente– dentro de la democracia. Los países alcanzan desarrollo económico y social partiendo de la estabilidad y eficiencia de sus instituciones, en un esquema en el que funcionan los pesos y contrapesos, a partir de un sistema político funcional.

El principal contrapeso al sistema político en la democracia es el sistema de justicia, cuya eficiencia –cuando existe–, asegura que la sociedad y los funcionarios públicos sepan que se deben respetar las leyes y que las instituciones son para servir a la población y no para servirse de ellas.

                                                                              Si el sistema político fuera funcional, no tendríamos                                                                 tanto rezago social y la corrupción no sería tan exagerada.

Si funcionan bien el sistema político y el de justicia, el resultado es necesariamente positivo para cualquier nación. Los cinco países con mejor mejor Índice de Progreso Social, son: 1.- Dinamarca;, 2.- Finlandia; 3.- Islandia; 4.- Noruega y; 5.- Suiza. En América: 18.- Estados Unidos; 25.- Chile, 28.- Costa Rica; 31.- Uruguay y; 38.- Argentina. En la parte más baja están: 89.- Honduras; 84.- Guatemala; 81.- Nicaragua; 70.- El Salvador y; 69.- Bolivia.

Ciertamente estamos en la parte media-baja de la tabla, porque detrás hay muchos países asiáticos y, sobre todo africanos. Lo interesante es ver que todos los que aparecen con bajo índice de progreso en esta medición –que es muy similar a la que hace el PENUD con el Índice de Desarrollo Humano–, tienen como común denominador, sistemas políticos y/o de justicia débiles e incluso –como es el caso de Guatemala–, absolutamente deficientes.

Sin pretender ser el estudioso profundo de la política, mi experiencia en la prensa me permite tener una visión amplia de lo que ha venido ocurriendo. Suelo partir de 1986 como punto de referencia, aunque teniendo clara la historia anterior, que de una u otra manera es donde se sentaron muchas de las bases de lo que hoy tenemos.

Volviendo a esa fecha, se puede ver que la forma en que reiniciamos el camino democrático nos pasa ahora una gran factura, porque en ningún momento se buscó fortalecer el sistema en sí, pues desde el trabajo legislativo de 1985 había intereses politiqueros más que nacionales.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es fundamental si queremos mejorar en el futuro. Aquí el sistema político ha cooptado al de justicia –que debiera ser independiente–, pero además ha destruido la institucionalidad, con el resultado de un fracaso socioeconómico evidente. Las diferentes camadas políticas que han llegado al poder –­todas de diferente color y sabor, pero iguales en el fondo– han olvidado su función principal. Ha sido fácil para ellas, porque los partidos se manejan unipersonalmente o con intereses muy particulares, en vez de ser ejemplo democrático.

Es en los partidos donde principia la podredumbre. No se permite la participación auténtica e independiente de las personas. Escalan aquellos que tienen los mismos intereses que la cúpula de dirigentes –y digo cúpula, aunque a veces es una sola persona la que toma decisiones–, que por cierto no suelen ser los mejor intencionados, por estar vinculados con estructuras criminales.

Ahora el Congreso pretende, una vez más, aprobar reformas electorales baboseándose a la población con algunos caramelos, pero manteniendo la esencia de lo que a ellos –la clase política– desea. Ya hicieron una reforma insuficiente el año pasado. Ahora quieren dorarnos la píldora con otra. El problema es que ni mejoramos el sistema de justicia, ni queremos transformar el sistema político. ¿Entonces? Sin cambios de verdad, no hay que esperar algo diferente a lo que tenemos hasta ahora.

 

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