Nacionales

En Guatemala no sabemos cuántos somos

Bismarck Pineda

(CIEN)

El censo más reciente realizado en Guatemala data del año 2002. Es a partir de cada censo que se hacen proyecciones de población, las que se basan en diferentes supuestos, tales como natalidad, mortalidad y la migración, para estimar a futuro cuántos habitantes tiene el país. Según el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en el año 2014 se estima que existían en el país 15,806,675 personas. Sin embargo, dada que esas estimaciones ya tienen 12 años de antigüedad, su nivel de exactitud está en tela de juicio.

Los patrones demográficos pueden mostrar cambios importantes en una década, tales como la mortalidad y natalidad. Es por ello que se recomienda tener un censo de población al menos cada 10 años. Sin embargo, Guatemala ya lleva 12 años sin hacerlo, y no se tiene contemplado que se haga en el futuro cercano. ¿Por qué? Pues debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85) estipula que el número de diputados que integran el Congreso de la República estará de acuerdo con los datos estadísticos del último censo de población, por lo que un nuevo censo implicaría una mayor cantidad de diputados, lo que dudo que apoye la opinión pública.

Lo anterior es otro de tantos ejemplos de cómo lo político afecta (negativamente) a lo técnico. Un censo no solo permite contar personas, sino también estimar la cantidad de personas que se encuentran por debajo de las líneas de pobreza, el estado de sus viviendas, acceso a servicios públicos, estado de salud, entre otros. Conocerlo es importante para realizar intervenciones de política pública y estimar los recursos que se necesitan para el logro de objetivos. Además, desconocer la población por cada grupo de edad complica la evaluación de los servicios que presta el Gobierno. Un tema claro es el de cobertura educativa. La tasa ha bajado en los últimos años (según datos de MINEDUC, en el año 2010 la cobertura era de 95.8 por ciento; y en el 2013, 85.4). Esta baja ha llevado a críticas por parte de  diputados y de la sociedad civil a las autoridades ministeriales.

Personalmente me interesa el tema, pues conozco las debilidades de interpretación de este tipo de indicadores que se basan en las proyecciones de población (la cobertura se mide por el total de estudiantes inscritos dividido entre la cantidad de población de cierta edad).

Para calcular certeramente este indicador, las proyecciones de población deben ser lo más certeras posibles. Si se analiza la cobertura educativa en primaria utilizando encuestas de hogares, se puede notar que en el período 2010-2013 la cobertura se ha mantenido prácticamente constante (según la Encuesta Nacional de Ingresos y Empleo en el 2010, la cobertura era de 89.9 por ciento; y en el 2013, de 90.5 por ciento).

Ese estancamiento debe ser revertido para llegar a tener cobertura universal, pero, debido a que no se ha actualizado el censo, el MINEDUC se enfrenta a críticas políticas relacionadas con retroceso en la cobertura, que simplemente se disiparían si existiera un censo de población actualizado.

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