Opinión

El costo de las indecisiones

RENZO ROSALRenzo Lautaro Rosal


Las indecisiones en la gestión de un go­bierno son indicadores de algo más allá del propio hecho. Indican improvisa­ción, falta de capacidades y de medicio­nes; son manifestaciones que privilegian las prácticas ensayo-error. Cabe destacar ese fenómeno a propósito de los desati­nos del Gobierno central.

Lo que probablemente para el equipo de comunicación social era una medida que daría réditos, se convirtió en lo con­trario, fuente de más señalamientos. El retiro de la propuesta de reforma fiscal no solo indica dar marcha atrás. La preo­cupación de fondo es porque nos gobier­na la inercia. Es un problema de poca capacidad, de no querer asumir riesgos, de no querer jugársela, tampoco querer aprender. También es indicativo de poca o ninguna confianza en sí mismo, y de asumir que, al igual que otros muchos en la actualidad, se tiene miedo.

La indecisión no sería cuestionada si fuera un hecho aislado. Es preocupante cuando es repetitivo. Hoy se retira una iniciativa, pero antes y durante se han dejado de tomar decisiones.

El irresoluto es la persona que no se decide a ejecutar una acción, ni a selec­cionar una estrategia; carece o no quiere tener rumbo, no se atreve a solucionar problemas concretos. Una decisión com­promete y, en última instancia, lo que el indeciso teme es el compromiso; no está dispuesto a pagar por el costo de sus de­cisiones, no quiere asumir el riesgo de perder; aunque en muchos casos esa previsión sea mal medida y en realidad, implica la pérdida de credibilidad y legi­timidad.

En el rupestre escenario político gua­temalteco, las decisiones tienden a ser no programadas. Es decir, no son repeti­tivas o producto de la rutina. La regulari­dad es la excepción en nuestro medio. Sin embargo, ha sido creciente la ten­dencia a que ese tipo de decisiones bus­quen no comprometerse, por lo que las opciones son poner el motor en neutro o, simplemente, regirse por lo que se ha seguido anteriormente. El deber ser, lo que hace falta, son las decisiones progra­madas producto de políticas públicas, procedimientos meticulosos y negocia­dos, reglas explícitas. Pero esto no es lo común, ya que se privilegia la improvisa­ción como fuente para que no limiten poderes y controles. Aparecen las excep­ciones, que se convierten en la regla.

Las indecisiones pueden ser produc­tos racionales, es decir, obedecen a estra­tegias. En el caso reciente, es posible que una parte de la decisión haya obedecido a las múltiples críticas sobre el impacto de lo propuesto. Ello indicaría, en positi­vo, que hay cierta capacidad de escucha ciudadana. El problema radica en que esa etapa debió ser previa a oficializar una propuesta cargada de desatinos.

El gobierno central tendría capacidad de sobreponerse al embate y la nueva oleada de críticas, si deja el tipo de prác­ticas que han sido convertidas en patrón Quitarse ese sello requiere capacidades que el equipo presidencial no posee, ni por asomo. Si no las produce, las puede importar.

El terreno de las decisiones no progra­madas, donde priva la improvisación y las ocurrencias, tiene cierto sentido polí­tico. Amplía el sentido de libertad, en­tendido como mayor margen para ope­rar sin controles. Ese es el terreno fértil para la informalidad en la política, en el cual las normas y lo fijo no tienen cabi­da. Además, amplía el sentido de los tiempos en la política. Lo que puede ser para hoy, puede postergarse para maña­na o para el siguiente mes. El concepto del tiempo es como el hule, se estira o se encoge según las circunstancias, los in­tereses; lo que haya en juego.

En el terreno político, también está el terreno en el cual se necesitan decisio­nes no programadas ante problemas o situaciones fuertes, no presentadas an­tes; donde se requiere un modelo o alter­nativas especiales. Lo fiscal es un ejem­plo claro, cuyo abordaje es poco frecuen­te, casi excepcional. Eso obliga a ser toca­do con pinzas, a acometer tareas previas con bastante cálculo. Todo eso fue inexistente, porque previsiblemente el objetivo no era claro, prevalecía la inse­guridad e, incluso, para algunos opera­dores, lo mejor era no tocar un tema siempre candente. Aquí entra en juego la autonomía; el gobierno no conoce ese concepto, es completamente dependien­te hasta en las tareas más simples. Eso repercute en el contenido y alcances de sus decisiones, ya que no existe identi­dad, proyecto ni postura propia. Al ser vocero de otros, crece la tendencia a los ruidos, y de allí, que lo más fácil es dar marcha atrás.

renzolautaro.rosal@gmail.com

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