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Editorial: Negocio del Transurbano, uno más que apesta…

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Las cosas ya no son igual en Guatemala. En el pasado, muchos negocios corruptos del Estado se hicieron ante los ojos de la opinión pública, casi siempre con el pretexto de que lo que se hacía estaba en ley, que se buscaba el bien común y que el fin único era el servicio al país y la comunidad. Ni siquiera se investigaba el manejo de la cosa pública.

Desde la intervención de la CICIG y el Ministerio Público (MP) en casos de corrupción, investigando la asociación que hacen los funcionarios con empresarios para actos ilícitos, la situación en general ha cambiado. Se ha declarado abiertamente una guerra contra este tipo de estructuras que funcionan, más o menos, de la misma manera y con el mismo fin: el enriquecimiento mal habido.

El caso de La Línea muestra una escandalosa evasión aduanera. El caso Negociadores de la Salud, desnuda la fraudulenta compra-venta de medicinas en el IGSS, algo parecido al caso IGSS-PISA. Estos son por el momento los tres ejemplos emblemáticos que muestran uno de los modus operandi que han creado funcionarios y empresarios para aprovecharse del erario público.

Pensar en una investigación seria y profunda sobre estos casos hace apenas cinco años, era virtualmente imposible, por más que la prensa publicara con lujo de detalles la forma en que negocios similares se venían realizando abiertamente ante los ojos de una ciudadanía altamente tolerante.

Pero esa triste realidad –que fortalecía el marco de impunidad– ha cambiado.

Ahora se empieza a saber que el MP y CICIG están tras la pista de otro negocio multimillonario que se llevó a cabo con bombos y platillos durante la administración del presidente Álvaro Colom: la creación, con financiamiento del Estado, de una empresa privada de transporte urbano: el Transurbano, un sistema de buses que se compró con sobrevaloración, cuyo anunciado crecimiento como sistema no se ha producido. Hoy sale a relucir que el Estado no puede entregar fondos públicos para el desarrollo de negocios privados.

En su oportunidad (2010), la prensa denunció que la Municipalidad había dado a cuatro empresas, que luego formaron la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), la concesión por 25 años de más de 100 rutas del transporte metropolitano. Todas las sociedades beneficiadas tenían menos de un año de haber sido formadas.

En medio de esa operación, el Gobierno Central emitió el Acuerdo 103-2009, en el que se hacía el primer aporte económico para la AEAU, integrada por las cuatro empresas que benefició la comuna capitalina.

Un informe de Acción Ciudadana y Transparencia Internacional de la época, señalaba que había una enorme sobrevaloración en la compra de cada uno de los buses adquiridos, lo que hacía sospechar que había altas comisiones de por medio.  Nunca se investigó.

En resumen, el Estado financió a empresas privadas de transporte para que se beneficiaran con dinero del Estado en su propio negocio, además de recibir luego el subsidio por cada unidad que ponían en circulación. Negocio redondo, por donde se quiera ver. El Gobierno permitía que un grupo de empresarios se beneficiara directamente al ser financiado por el Estado para poner en marcha su propio negocio. ¿Quién no quisiera un apoyo así para su empresa?

Hoy, la Procuraduría General de la Nación ha respondido al MP que esa no es la función del Estado, al tiempo que, se supone, hay abierta alguna investigación sobre este multimillonario negocio. Cabe decir que, en su momento, parecía, además, una estrategia para que el partido en el poder en ese entonces -la UNE- pudiera ganar simpatías en el área metropolitana.

Originalmente se debían comprar cerca de 3.150 buses, pero finalmente no se llegó más que a una cuarta parte, lo que explica también la lentitud que se ha dado en la concreción de las fases programadas inicialmente.

Suerte tienen los gobernantes anteriores a Colom sobre las dificultades que hay para montar investigaciones sobre algunos de los negocios más corruptos que se cometieron, no solo por el tiempo transcurrido, sino porque se han diluido las eventuales pruebas que pudieron existir.

La buena noticia es que las cosas siguen cambiando para bien.

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