Editorial

Contraloría, ajena a la búsqueda de transparencia

CRONICA  Editorial


Estamos viendo la más grande batalla que se ha dado en el país en contra de la corrupción, liderada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero con la triste ausencia de una institución que está llamada a ser bastión de la transparencia: la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
La Constitución de la República establece el funcionamiento del Estado con pesos y contrapesos, con el objetivo claro de hacer funcional –y eficiente– nuestra democracia.
Sin embargo, cuando una institución no cumple con el fin para el que ha sido creada, el efecto negativo que puede llegar a producir es gigantesco.
Eso ha ocurrido con la Contraloría General de Cuentas (CGC), la cual ha sido convertida, desde hace varias administraciones, en un auténtico botín de la clase política de turno, la misma que ha corrompido y tomado otras instituciones del Estado, hasta crear ese caos que provocó el agobio de la población, que ahora clama por transparencia y el cambio de rumbo en la administración pública.
De poco o nada ha servido la Contraloría para frenar la corrupción en el Gobierno, el Congreso o las municipalidades, aunque en el caso de estas últimas, en algunas ocasiones ha dicho tímidamente presente, aunque con un afán que aparentemente solo busca alcanzar un medio para lavarse la cara de críticas y señalamientos.
De acuerdo con los principios que la propia CGC tiene como parte de su filosofía, la Misión de la institución es Contribuir a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, a través de la promoción de la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad del gasto público y la lucha contra la corrupción. Ejercer la función fiscalizadora de manera integral, bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía y oportunidad, fomentando la cultura de probidad, transparencia y calidad en el gasto público…
Esto dice la letra muerta, pero como cualquiera puede apreciar, si la Contraloría, partiendo del Contralor –en este caso Carlos Mencos–, cumpliera a cabalidad con este mandato ético, los resultados de esta lucha contra la corrupción podrían tener un alcance infinitamente más amplio y profundo.
La Contraloría está llamada a promover transparencia y eficiencia en el gasto público, pero está ausente en las denuncias penales de los grandes casos de corrupción, en la investigación y comprobación de las miles y miles de plazas fantasmas que se han creado en el Estado con el paso del tiempo.
Además, tampoco impide, critica o denuncia la forma en que se evaden los mecanismos de control y transparencia que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
Se sabe que el negocio de las medicinas se ha convertido en uno de los más leoninos en el Gobierno. También es evidente que permanentemente se irrespeta el uso de Guatecompras –una herramienta que en algo contribuye a la transparencia–.
En nada, de todo esto, se escucha la voz de la CGC, convertida así en cómplice ominoso de las estructuras que se dedican a defraudar y saquear los fondos del Estado.
Gracias al MP y CICIG se está castigando a quienes han participado en casos fraudulentos; es decir, a los que pecan por acción. Pero hay muchos más que lo hacen por la omisión, y, en este caso, no investigar y no hacer las denuncias respectivas, es tan dañino, como la acción misma que permite el enriquecimiento de funcionarios y empresarios.
La clase política descubrió que controlando las instituciones del sistema de justicia, la CGC y, por supuesto, manteniendo vigente su propio sistema de partidos políticos, el caldo de cultivo para sus aspiraciones corruptas, estaba servido.
Hoy, el MP ha demostrado que puede actuar con independencia, que la elección política no le implica a la fiscal general –en este caso particular– ningún compromiso.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) parece caminar en la misma dirección, y los jueces y magistrados están aprendiendo que pueden cumplir con la noble labor a la que están llamados o, de lo contrario, pueden pasar de juzgadores al banquillo de los acusados.
El Estado necesita de una CGC activa y transparente, más que ninguna otra institución. Ojalá que llegue pronto su depuración.

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