Economia y empresas

SATurada de mafias

Desde el descubrimiento y condena del Chapo del Contrabando, Alfredo Moreno, hasta La Línea y el caso Aceros de Guatemala, el ente recaudador ha sido una  cueva de ladrones desde donde se han gestado numerosos hecho ilícitos de defraudación tributaria y aduanera.

Estuardo Gasparico

egasparico@cronica.com.gt

Corría la década de 1970 cuando algunos generales del Ejército de Guatemala  crearon una poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas, para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos de izquierda, pues eran tiempos del conflicto armado interno; sin embargo, luego, esta se convirtió en una estructura que realizaba operaciones de contrabando y otras actividades ilícitas, al frente de la cual estaba el salvadoreño Alfredo Moreno.

Durante el gobierno interino de Ramiro de León, la entonces ministra de Finanzas, Ana de Molina, comenzó los esfuerzos para desmantelar esa red de defraudación aduanera, pero fue hasta en 1996 cuando esta pudo ser atacada.

Según los juicios llevados a cabo, esta mafia controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores y eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero, que luego se repartía entre miembros de la Policía Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas, el Ejército y el Ministerio Público.

El proceso contra Moreno se inició con su captura en 1996. Estuvo cinco años en la cárcel y luego, misteriosamente, fue absuelto por un tribunal. Después de varias acciones legales fue abierto un segundo juicio en su contra, en el que se le halló  culpable de caso especial de defraudación y condenado a otros cuatro años de prisión, pero quedó en libertad tras pagar una fianza de Q1 millón. Murió en febrero de 2013.

La SAT y sus primeros fracasos

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue creada en 1998, luego de que el Ministerio de Finanzas iniciara acciones orientadas a transformar y fortalecer el sistema tributario del país, para dar cumplimiento a los compromisos fiscales contenidos en los Acuerdos de Paz y en el Programa de Modernización del Sector Público.

El objetivo era crear, diseñar y poner en funcionamiento una institución autónoma y descentralizada, moderna, eficiente y eficaz, que se hiciera cargo de la administración tributaria y aduanera, y que fuera capaz de incrementar los ingresos tributarios de manera sostenida, honesta y transparente.

El 1 de enero de 1999 cobró vigencia el Acuerdo 6-98 de la SAT, según el cual esta institución tomaría y ejercería totalmente las funciones, atribuciones y competencias de la Dirección General de Rentas Internas y sus dependencias que aún no hubiera asumido, así como las funciones de fiscalización tributaria que están asignadas a la Superintendencia de Bancos y las de Recaudación designadas a la Dirección General de Aduanas.

Las buenas intenciones de los primeros superintendentes no fueron suficientes, pues aunque Moreno y varios de sus secuaces estaban en prisión, muchos de sus colaboradores continuaban en Aduanas y en otras dependencias de la SAT, como se comprobaría más adelante.

En el gobierno de Alfonso Portillo fue nombrado como contralor general de Cuentas y luego como superitendente de Administración Tributaria Marco Tulio Abadío, quien ejerció ese puesto del 25 de octubre de 2002 al 23 de enero de 2004.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante su gestión ordenó beneficiar a empresas de familiares y amigos, a través de contratos de adquisición de suministros, incluso con sobrevaloración de productos y servicios por más de Q30 millones.

En 2007, Abadío fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, concusión y fraude, aparte de que se le impuso el pago de Q24.1 millones.  Su hijo mayor, Júnior Abadío, recibió en el mismo juicio una sentencia de 15 años y seis meses de prisión por caso especial de estafa y lavado de dinero. Asimismo, su segundo hijo, Byron René, fue condenado a seis años de prisión y al pago de Q160 mil.

La Línea, Pérez, Baldetti y más

ESTUARDO GONZALES ALIAS ECO DECIDE DECLARAR Y SACA A RELOCIR Y CONFIRMAR LOS NOMBRES Y ACTOS DE CORRUPCION QUE REALIZARON DENTRO DE LA ESTRUCTURADENOMINADA LA LINEA.

De 2005 a 2008, en el gobierno de Óscar Berger, al frente de la SAT estuvo  Carolina Roca y entre sus objetivos estaban el restablecimiento de la confianza de los contribuyentes y el fomento de la cultura tributaria, lo que logró en gran medida, si se tiene en cuenta que en 2007 la carga tributaria superó el 12 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que no ha vuelto a ocurrir.

No obstante, en esa época ya trabajaban en la institución algunos personajes que luego protagonizarían el caso de La Línea, considerado un golpe de Estado blando, a raíz de la corrupción denunciada el 16 de abril de 2015 por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público. La acusación involucraba a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, el secretario privado de esta –Juan Carlos Monzón–, al exsuperintendente Carlos Muñoz y al superintendente en ese momento, Omar Franco.

Como es del conocimiento público, ello ocasionó la renuncia de los exgobernantes y su encarcelamiento –acusados de liderar la estructura de defraudación– junto con varios exfuncionarios y empresarios. El asunto también llevó a prisión a la jueza Marta Sierra de Stalling, por haber otorgado medida sustitutiva, sin razón legal válida, a algunos de los implicados.

Caso Aceros de Guatemala

Si alguien creyó que tras La Línea no habría más que ver, estaba equivocado, pues la CICIG y el MP sacaron a luz otra red de corrupción que involucra a más exfuncionarios de la SAT y a ejecutivos de la empresa Aceros de Guatemala, la que, aparte de evadir el pago de unos Q255 millones en impuestos, habría cobrado más de Q11 millones por crédito fiscal inexistente.

Por el caso de la compañía de aceros también fue capturado Élder Fuentes, quien fue superintendente interino, algunos abogados del departamento jurídico de la SAT y otros funcionarios, quienes afrontan cargos por asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.

Aceros de Guatemala habría sido denunciada por la SAT en marzo de 2012, cuando simuló compras de chatarra a través de terceros –empresas fantasmas con representantes fallecidos–. Las querellas fueron unificadas por los abogados de la empresa y solicitaron a Giovanni Marroquín –quien guarda prisión por el caso de La Línea– que articulara una estrategia para que la SAT cambiara sus reportes, lo que consiguió luego de contactar a Omar Franco y a los intendentes Fuentes y Alfonso Castillo. En 2014, el juicio contra esta empresa fue desestimado, lo que no sirvió de mucho, pues la CICIG y el MP, de todas maneras, continuaron con las investigaciones que dieron como resultado las capturas mencionadas.

Sugieren cambios legales

Ventanillas Sat

Derivado de los casos de defraudación y tras la fuerte presión de varios sectores, desde hace algunas semanas ,se instaló una mesa de trabajo específica para discutir reformas a la Ley Orgánica de la SAT, ante la cual el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó la versión final de su Diagnóstico y propuesta de hoja de ruta para lograr una administración tributaria efectiva.

El Instituto destacó que uno de los principales problemas que enfrenta el ente recaudador es la disfuncionalidad de su modelo de gobernabilidad interna, pues el Directorio, una de las autoridades superiores de la SAT, ha demostrado ser un ente inefectivo y con conflictos de interés, pero, sobre todo, que ha incumplido su mandato legal por velar por el buen desempeño de la Superintendencia, no ha rindido cuentas y no ha asumido responsabilidad por los escándalos de corrupción recientes y de años anteriores.

El Icefi enfatizó que mientras superintendentes, intendentes y varios empleados de la SAT están pagando con cárcel su responsabilidad en los hechos delictivos cometidos, los integrantes del Directorio niegan conocimiento y responsabilidad alguna. Por esas razones, propuso cambios a la Ley Orgánica de la SAT, que, de ser aprobados por el Congreso de la República, reemplazarían al Directorio por un nuevo Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, órgano colegiado que se encargaría exclusivamente de resolver recursos administrativos, con responsabilidad y obligación de rendir cuentas.

El Instituto explicó que la supresión del Directorio incrementará la coordinación de la política fiscal, al fortalecer el rol del Ministerio de Finanzas y clarificar la autoridad y las atribuciones del superintendente. Se mantendría el carácter descentralizado de la SAT, pero se corregirá la gobernanza interna, llenando los actuales vacíos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En ese sentido, la propuesta contempla varias medidas, que serán responsabilidad directa del superintendente, incluyendo la publicación de documentos, estudios, evaluaciones periódicas del cumplimiento de las metas de recaudación y de la reducción de la evasión, entre otros.

Finalmente, el Icefi recordó que la aprobación de estas reformas a la Ley Orgánica es una medida necesaria, pero insuficiente para la recuperación plena de la SAT, pues se requiere voluntad política del gobierno de turno, compromiso y trabajo activo del Ministerio de Finanzas, del Congreso y de la sociedad civil, reformas de otros cuerpos legales y las medidas administrativas propuestas en el documento presentado, en cuya implementación se puede avanzar sin necesidad de reforma legal.

Por lo pronto, el presidente Jimmy Morales ya llevó a cabo la sustitución de los directores de la SAT, con lo que se esperaría un cambio que incluya directrices efectivas para restablecer el funcionamiento pleno y efectivo del ente recaudador.

Problema enraizado

Según Claudia García, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los recientes casos de corrupción destapados en la SAT dejan ver que existe un problema enraizado en la institución, lo cual golpea la institucionalidad de esta. Cabe aclarar que los recientes capturados están en fase de ser procesados, por lo que hay un buen camino por recorrer previo a poder afirmar las acusaciones, dijo.

En cuanto a los efectos económicos que se pueden inferir de la situación, mencionó  el debilitamiento de la SAT, la falta de credibilidad en esta y la desmotivación por parte del contribuyente, sobre todo del que cumple con sus obligaciones de forma voluntaria. De esa cuenta, se solicita de forma insistente una reforma integral de la institución que permita darle más facultades como ente recaudador, pero también para imponer sanciones específicas a las malas prácticas de las autoridades y funcionarios de la misma.

Agregó que la SAT fue creada como una entidad autónoma que se encargaría del cobro de los tributos; sin embargo, una de las principales recomendaciones es que el superintendente debería ser una persona con un perfil técnico y que no esté relacionado en el ámbito político, para que no responda a intereses de terceros. Garantizar este hecho entre los principales funcionarios y autoridades es importante.

Asimismo, sugirió que la SAT se evalúe de manera integral, porque, como muchas de las instituciones del Estado, ha ido creciendo, por lo que se debe analizar qué tan necesario es el incremento de recursos y la reutilización de los fondos en un incremento de la capacitación del personal, principalmente del que está en ventanillas atendiendo al contribuyente.

 

 

 

 

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