Economia y empresas

El riesgo de que migren las zonas francas del país

Un total de 282 empresas funcionan en 17 zonas francas en Guatemala.

Las zonas francas en Guatemala generan unos diez mil empleos directos —30 mil indirectos—, pagan unos mil millones en impuestos al año y de los US$10,751.9 millones de las exportaciones generales del 2015, el sector generó US$756. Sin embargo, dicha inversión nacional está en riesgo por las reformas a la ley que las regula, por lo cual podrían migrar a otros países de la región.

Elder Interiano

einteriano@cronica.com.gt

La inquietud se debe a las reformas al Decreto 19-2016, que aprobó el Congreso de la República el pasado mes de mayo, el cual modifica el funcionamiento de las zonas francas, específicamente en una normativa que no aplica para actividades vinculadas con productos farmacéuticos, cosméticos, calzado, plástico, juguetes, pinturas, muebles, joyas, cerámica y maquinaria, entre otros.

De acuerdo a representantes de este grupo empresarial, esta medida desincentiva el aporte a la economía nacional que han venido haciendo desde los últimos 25 años, por lo cual existe la posibilidad de que las 282 empresas constituidas dentro de zonas francas en Guatemala, busquen otros países centroamericanos con mejor certeza jurídica.

Gustavo Tamayac, representante de la junta directiva de la Asociación de Zonas Francas Privadas de Guatemala, opina que se trata de una ley que vino a afectar seriamente la operatividad en el país, por lo cual ve difícil para los inversionistas, seguir considerando a Guatemala como un país para crecimiento o expansión de este tipo de operaciones.

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Las inversiones de las empresas multinacionales que operan en zonas francas en Guatemala, están siendo dirigidas a otros países. El principal riesgo es la falta de certeza en su operación, por lo que ya se están trasladando a otros países de la región en donde les están ofreciendo mejores condiciones y certeza jurídica, agrega Tamayac.

Por su parte, el ministro de Economía, Rubén Morales, explica que el Decreto 19-2016 modificó el 65-89: Ley de Zonas Francas. Con estas modificaciones, específicamente en el artículo 27, se excluyeron actividades que antes estaban permitidas y gozaban de incentivos fiscales, entre ellas: cuero y calzado, medicamentos, industria de cosméticos, pinturas.

Pero además, el artículo 21 del Decreto 19-2016 reformó el artículo 4 de la Ley de Zonas Francas y definió que los usuarios pueden ser de dos categorías: productores de bienes industriales y de servicios. Por lo que los usuarios autorizados y clasificados como industriales y comerciales, previo a la entrada en vigencia de las modificaciones a la ley, podrán solicitar su calificación de acuerdo a las nuevas figuras, y se les restarán los años ya gozados del beneficio de exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Al consultarle sobre la importancia de las empresas establecidas en zonas francas en el país, el funcionario resalta que entre el 2002 al 2015, las exportaciones realizadas en ese grupo equivalen a un promedio de 5 por ciento del total de las exportaciones de Guatemala.

Sin embargo, ante la posibilidad de que algunas zonas francas se marchen del país por dichas reformas, Morales señala que en el Ministerio de Economía tenemos conocimiento de un solo proceso de cierre de una entidad Administradora de Zonas Francas. Esta inició el cierre de operaciones de usuarios en abril de 2015, un año antes de la entrada en vigencia del Decreto 19-2016. Suponemos que el área física será utilizada para otros fines; es decir, que cambiará su giro de negocio.

Instalan mesa técnica

zonas francas 2

En este contexto, representantes del sector de zonas francas y del Ministerio de Economía (MINECO), así como de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), instalaron una mesa técnica donde discuten la elaboración de un reglamento, que según el sector afectado, no solucionará el estatus en que quedaron las empresas calificadas antes de la entrada en vigencia del Decreto 19-2016.

Por ese motivo, Tamayac explica que se está trabajando con el organismo Legislativo un proyecto de enmienda a la ley, además de un recurso que presentaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para que deje sin efecto, en dicho decreto, las actividades prohibidas que se incluyeron de forma antojadiza en dicha ley, y que no cuenta con un estudio o consulta técnica, como se debió hacer en el proceso de elaboración.

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Con el recurso planteado ante la CC, pretenden que vuelvan a incluirse los 25 sectores que quedaron excluidos de los beneficios fiscales en la nueva y polémica Ley Emergente para la Conservación del Empleo (Decreto 19-2016), la cual ya está vigente y esperan que se modifique.

De lo contrario, estas reformas advierten sobre el peligro de que las zonas francas se retiren de Guatemala si no se resuelve su situación, por lo que la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) informó recientemente que más de 20 empresas de los sectores de calzado, plásticos, farmacéuticos y cosméticos, han comenzado a preparar su salida del país.

Guatemala cuenta actualmente con 17 zonas francas autorizadas por el MINECO, en donde operan 282 empresas de diversas actividades, como industria, comercio y servicios, de las que el 70 por ciento corresponden a inversión extranjera.

Por ese motivo, directivos de la asociación indican que al año, unos Q600 millones en impuestos se dejarían de percibir por la aplicación de las reformas a esta ley.

Sin embargo, no todo está dicho en la discusión de este tema, en donde la negociación y la voluntad política son vitales para que este importante modelo de producción siga aportando al desarrollo del país, con la generación de empleo e inversión extranjera.

 

El Decreto 19-2016 podría definir el futuro de las zonas francas en el país, un tema que está en discusión.

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