Economia y empresas

Contrabando, voraz delito transnacional

Aunque cuantificar el monto del comercio ilícito internacional resulta imposible, se calcula que este puede superar los Q15 mil millones anuales solo en Guatemala y el equivalente al 4 por ciento de la producción total de la región centroamericana.

Estuardo Gasparico M.

egasparico@cronica.com.gt

La Asociación de Porcicultores de Guatemala (Apogua) se pronuncia contra el contrabando de cerdos en el país, ya que 22,800 colaboradores directos e indirectos de la industria se ven afectados por el incremento del tráfico ilegal de estos animales. Actualmente se venden Q2,500 millones en carne de cerdo, pero el contrabando afecta el 10 por ciento de la venta anual, lo que durante diciembre aumenta al 30 por ciento, dejando pérdidas millonarias a la industria.

Este es un extracto del comunicado de prensa que han estado publicando los representantes de esta industria nacional, a la que se unió la Asociación Nacional de Avicultores (Anavi) en los mismos términos, pues afrontan un problema común:  a diario, ingresan o pasan por el país millones de productos de contrabando, incluyendo animales vivos, lo que no solo perjudica a los productores nacionales, sino que pone en riesgo la salud de los consumidores.

Para nosotros, la pérdida generada por esta acción ilícita es de Q115 millones al año, expresó Carlos Zuástegui, gerente general de Apogua, tras comentar que el problema no es nuevo, pero se ha agravado desde el año pasado, debido a la falta de controles para evitar el trasiego de productos de todo tipo procedentes especialmente de México.

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El río Suchiate y la frontera con Belice son dos de los puntos más activos para contrabandear cigarrillos, licores y abarrotes en general.

En el caso de animales vivos, no solo ingresan cerdos, sino también pollos, explicó el presidente de la Anavi, Manuel Hoffmann, lo que no solo constituye una práctica de comercio desleal (todas las actividades agropecuarias en México gozan de subsidios), sino que pone en riesgo la salud de los guatemaltecos que compran pollo que podría venir infectado de influenza aviar. 

Agregó que lo mismo ocurre con productos como los huevos, de los cuales ingresa hasta un millón de unidades al día, lo que representa el 20 por ciento de la producción nacional. Y la gente los compra porque los precios son más bajos que en el mercado nacional, sin saber que pueden venir infectados o podridos porque entran sin ningún tipo de control sanitario.

Por su parte, Eduardo Martínez, gerente de la Cámara de Productores de Leche, indicó que el sector ganadero y lácteo también se ve perjudicado por estas prácticas, si se toma en cuenta que al país entran lácteos más baratos, debido a la depreciación de la moneda mexicana, mientras que sale ganado en pie, lo que encarece la carne a nivel local. Todo esto, incluso a la vista de las autoridades, sin que se haga nada al respecto, porque los contrabandistas sobornan o amenazan.

El recuento de los daños

INGRESO ILEGAL DE AVES Y DE MERCANCÍAS AVIARES

Cientos de personas se dedican a trasegar huevos que entran desde México, sin controles sanitarios.

Según el estudio Contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica de la Fundación Konrad Adenauer, solo en 2012, el comercio ilícito representó el 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala, lo que equivalía a más de Q14 mil millones.

Entre los productos que históricamente se han visto más afectados se pueden mencionar el maíz, arroz, huevos, leche, bebidas alcohólicas y carbonatadas, combustibles, cigarrillos y medicamentos, entre otros.

Aparte de Guatemala, el resto de naciones no cuenta con una estimación de la magnitud del comercio, pero de forma aislada se han hecho cálculos a raíz de las pérdidas por tala de árboles, contrabando de cajetillas de cigarrillos, bebidas y otros productos, pero los efectos son los mismos para todos los países, entre los que se pueden mencionar la reducción de ingresos tributarios, aumento de la actividad económica informal y la competencia desleal.

De igual forma, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), elaboró el estudio Comercio ilícito y defraudación aduanera en Centroamérica, indicando que esta es una actividad que engloba varios hechos delictivos como el contrabando, la defraudación aduanera, la piratería, la corrupción, el cohecho pasivo y otros muchos.

Añade que la región centroamericana no escapa de los efectos perniciosos de estas actividades ilícitas altamente lucrativas, y que son fuente de otros hechos criminales como el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y de personas.

Las ganancias para estos infractores son tan altas, que el poder acumulado ha sido un incentivo para acumular riquezas, control territorial y, de manera creciente, poder político. Esta realidad se alimenta de la aceptación y tolerancia de la sociedad, la que acepta como normal la compraventa de productos del contrabando, por lo que sugieren formular políticas públicas para disminuir o erradicar los flujos del comercio ilícito.

Esfuerzo interinstitucional

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El primer perjudicado por el contrabando es el Estado porque no recibe los tributos que debería. ANA Elena Guzmán 1a. subsecretaria del MP

Ana Elena Guzmán, 1a. subsecretaria general del Ministerio Público, fue enfática al definir el contrabando como un delito de tipo transnacional, pues se trata de estructuras del crimen organizado que traspasan fronteras con la mayor impunidad y no solo para ingresar productos por los llamados puntos ciegos, sino también drogas, armas, dinero y personas.

Por lo tanto, indicó que se trabaja de manera conjunta con instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los ministerios de Gobernación, Salud, Agricultura y Defensa, lo que en los últimos dos años ha dado como resultado la captura de dos grandes bandas de contrabando de cigarrillos y azúcar (unas 50 personas), aparte de acciones aisladas, como la detención de vehículos y la incautación de mercadería que no tiene respaldo legal.

No obstante, dijo que hacen falta más esfuerzos y recursos para combatir estos delitos, tales como capacitación de personal, herramientas tecnológicas e instalaciones para resguardar los productos y animales decomisados.

 

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