Politica

¡Cuidado! ya viene el nuevo Presupuesto

Todos los años se abre el mismo debate: la aprobación del Presupuesto General de Gastos de la Nación, llamado a ser la herramienta de desarrollo, pero que termina siendo el escondite de los manejos opacos de cada administración.

Crónica Economía

Desde que se inauguró el Diálogo del Presupuesto Abierto, se repite sobre la necesidad de incrementar el Presupuesto’2018 y se habla de un techo de Q83.000 millones, mientras las demandas de los diferentes ministerios plantean la necesidad de llevarlo hasta una cifra que pudiera superar los Q90.000 millones, todo un estira y encoje entre las instituciones.

El ministerio de Finanzas intenta convencer al presidente Jimmy Morales de ser moderado con los planteamientos, pero el mandatario enfrenta presiones de todo tipo, a pesar del pobre nivel de inversión que han demostrado casi todas las carteras a lo largo de este año, quieren más dinero para el próximo período.

En este momento se encuentra el proyecto de presupuesto en una etapa de cabildeo, en el que todos los ministros e instituciones presentan sus planes y solicitudes, para que Finanzas haga las evaluaciones correspondientes, pero no parece probable que pueda subir más allá de lo planteado, tomando en cuenta la capacidad de recaudación que existe.

Sin cambios drásticos en la tributación es imposible hacer un presupuesto más abultado, advierte el ministro Julio Héctor Estrada, responsable de filtrar las solicitudes que llegan al Ejecutivo.

Uno de los ministerios que ha solicitado un incremento mayor es el de Comunicaciones. El titular, Aldo García, asegura que su cartera necesita subir su gasto en Q9.8 mil millones, especialmente para atender la destruida red vial.

El problema es que este año ha sido uno de los ministerios que ha demostrado menor capacidad para ejecutar, a pesar de existir necesidades enormes, especialmente en cuanto a mantenimiento de carreteras.

Según fuentes del Ejecutivo, los ministerios en su conjunto estarán pidiendo un incremento de unos Q15 mil millones, lo que elevaría el Presupuesto a niveles cercanos o por encima de los Q90 mil millones, cifra que dejaría un elevado y peligroso déficit presupuestario. Esta opción no se ve viable por el momento, porque incluso podría ponerse en peligro su aprobación si alcanza cifras desproporcionadas a la realidad nacional.

Un incremento del 5 por ciento parece normal, pero arriba de eso se dispararían las alarmas por los efectos que podría tener la aprobación de un presupuesto desfinanciado y, por lo tanto, dependiente del endeudamiento.

Quieren menos candados

Una de las corrientes que más se ha expresado en los diálogos, es que la Comisión Técnica del Presupuesto argumente con fuerza al Congreso de la República, sobre la necesidad de no poner demasiados candados para el movimiento de fondo, aduciendo que este año se tuvo problemas para ejecutar el gasto. Si bien se reconoce que esos problemas existen, no son pocos los analistas que advierten sobre los peligros de liberar el gasto público con menos controles.

El experto en el tema y ex ministro de Finanzas, Edgar Balsels, advierte que en donde hay que poner atención –entre otros rubros­– es el de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, el cual se ha convertido, según sus palabras plasmadas en análisis públicos, en un canasto del sastre, a través del cual se crean leyes específicas para financiar un gasto de magnitud multiplicadora dudosa, como ha sido el del deporte federado y no federado, las organizaciones privadas en salud, los incentivos forestales y diversas magistraturas que aun no resuelven el grave problema de la mora judicial.

Nadie justifica que se levanten candados. Es más, se ve como peligro la poca capacidad fiscalizadora que mantiene la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que muy poco ha logrado hacer para promover mayor transparencia en el manejo del Presupuesto.

La opinión generalizada es que mientras el Gobierno de Morales no se muestre más transparente, es imposible hacerle concesiones en cuanto a candados, porque se podría dar un mayor nivel de corrupción.

 

Alianza para la Prosperidad

Uno de los aspectos sobre los que también se ha dicho poco, es que el Gobierno debe promover, por medio del Presupuesto, la inversión necesaria para el plan Alianza para la Prosperidad. El dinero que Estados Unidos invertirá, no es un cheque en blanco que se envíe desde Washington. Los cerca de US$140 millones que corresponden a Guatemala, llegarán por medio de los programas de desarrollo que ya maneja la embajada estadounidense por medio de USAID y otras dependencias de ese país.

Lo que se espera es que haya proyectos específicos en materia de salud, seguridad, educación y, en términos generales, programas que provoquen desarrollo integral y oportunidades para los guatemaltecos. De lo contrario se verá como si Guatemala únicamente espera asistencia económica de EEUU, sin poner a cambio una contraparte que es esperada.

Aún no se tiene idea sobre el impacto que este plan regional tendrá en el Presupuesto.

Otro aspecto relevante a considerar, es que las mencionadas Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro dejan poco dinero para inversión de parte del Gobierno. Los dos rubros que más consumen son las municipalidades, y luego las clases pasivas del Estado, pero la lista incluye al Congreso de la República, la PDH, los CODEDES, la SAT, la USAC y el deporte.

 

El camino a seguir

Como sucede todos los años, el ministerio de Finanzas es el encargado de preparar el proyecto ley que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación’2018. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), debe presentar su proyección estimada en recaudación, para determinar la principal fuente de financiamiento.

Cada ministerio ha debido elaborar su proyecto de presupuestario, justificando los montos que solicita. Luego se confirmará si el techo asciende a Q83 mil millones o si sufre modificación, para hacer encajar, después de análisis, las demandas de cada institución y o cartera.

En los últimos años se ha visto que los ingresos tributarios son apenas superiores al 60 por ciento de los gastos, lo que supone que debe darse un fuerte endeudamiento por la vía tradicional: a) Bonos del Tesoro; b) Préstamos externos netos; c) préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), y otros organismos financieros internacional.

Cuando se tienen claras las fuentes de financiamiento, se termina de estructurar el Presupuesto y se presenta ante la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, el cual tiene que dar su resolución favorable para que sea sometido a aprobación por el pleno de diputados, todo antes del 30 de noviembre.

Al llegar al Congreso se presenta uno de los problemas más significativos siempre, como es la distribución de la obra pública, ya que los diputados suelen condicionar su voto favorable a ese reparto, que en el pasado ha sido denunciado como una fuente de corrupción de parte de los parlamentarios.

Si bien es un tema eminentemente técnico resulta importante que este proceso de aprobación sea fiscalizado por las instituciones privadas con experiencia en el tema –tanques de pensamiento–, con el fin de que sean las que alerten a la población sobre las anomalías que puedan darse en el camino.

Los expertos dicen que esta debería ser una herramienta de desarrollo, pero se lamenta que siempre termine siendo una herramienta únicamente para definir gasto.

 

 

 

 

 

 

 

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