Politica

Congreso protege a corruptos en un MIÉRCOLES DE IMPUNIDAD

El Congreso de la República continuó este miércoles tejiendo el manto de impunidad para proteger a la impunidad, al aprobar decretos ley que favorecen a los actores de la corrupción y blinda a los dirigentes de los partidos políticos por los señalamientos de financiamiento electoral ilícito.

Este es un resumen gráfico que circuló en las redes sociales ayer sobre lo aprobado por los diputados en lo que ya ha dado en llamarse “Miércoles de Impunidad”.

El presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, dijo a periodistas que la reforma fue aprobada de urgencia con un total de 106 votos, de los 158 diputados.

La iniciativa, presentada por tres partidos  –entre ellos la UNE– y por el gobernante FCN-Nación, deberá ser sancionada por el presidente Jimmy Morales para entrar en vigor.

Con la modificación quedó establecido que el delito de financiamiento electoral ilícito no se atribuye a los secretarios generales de los partidos, sino a los contadores de cada organización.

La votación ocurrió dos días después de que el Congreso rechazara un pedido para retirar la inmunidad al gobernante para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.  En un acto solemne por las fiestas de la independencia horas antes, el Congreso escuchó el discurso del presidente Morales, quien agradeció a los parlamentarios que no le hayan levantado la inmunidad por las acusaciones en su contra, precisamente por el financiamiento ilícito que habría recibido en 2015 su partido, cuando él era el Secretario General.

El lunes pasado, el Parlamento mantuvo los fueros a Morales, a quien la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU, señalan por financiamiento ilegal en el partido derechista FCN-Nación.

Los sectores sociales se presentaron ayer mismo a mostrar su indignación contra los diputados.

El pedido para quitar la inmunidad se hizo el pasado 25 de agosto y dos días después el presidente ordenó expulsar del país al titular de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, acusándolo de injerencia en asuntos internos de Estado.

La expulsión, frenada por la corte constitucional, generó una crisis política ante las críticas locales e internacionales por atacar al exjuez colombiano, una de las principales figuras en la lucha contra la corrupción.

La fiscalía y la Cicig pidieron a la Corte Suprema de Justicia levantar los fueros a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate por financiamiento anómalo, quienes en 2015 eran secretarios generales de sus partidos.  Con estos cambios a la ley, se garantizan la inmunidad y se obstaculizan las investigaciones.

También se modificó el Código Procesal Penal para permitir la conmutación de penas con condenas menores a 10 años.  Esto se hizo con el fin de beneficiar a todos los que están implicados en los casos de corrupción que han abierto el MP y la CICIG, quienes podrían quedar libres tras sus juicios con el pago de multas en vez de cárcel.

Crónica había publicado que había un contubernio entre la llamada clase política –gobernantes, alcaldes y diputados– con el fin primero de impedir que el presidente Jimmy Morales pudiera ser procesado por delitos electorales.  Sin embargo, por el desarrollo de los acontecimientos aprovecharon la coyuntura para ir más allá en su entramado por recuperar el marco de impunidad que ha prevalecido en el país por largos años y que el MP y la CICIG intentan romper.

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