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Caso La Línea: una batalla legal que cumple dos años

La CICIG y el MP destaparon hace dos años –16 abril de 2015) un caso que llevaba meses bajo investigación.  En la primera ocasión, se dejó ver que podían estar implicados los gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero se capturó a los responsables de la estructura de defraudación tributaria en su parte inferior, a la espera de los procesos y antejuicios contra el binomio presidencial, que más tarde cayó igualmente.  Desde entonces, han transcurrido dos años, el expediente tiene miles de páginas y una batalla favor y en contra de la impunidad se libra a diario en los tribunales.

El llamado “caso La Línea” se ha convertido en el más emblemático de la cruzada contra la corrupción que libran los dos entes investigadores, pero después de 24 meses, no se ha logrado superar la etapa intermedia del proceso judicial, detenido una y otra vez por más de 30 amparos y numerosas impugnaciones que presentan los defensores, muchas de ellas dirigidas particularmente contra el juez Miguen Ángel Gálvez quien se ha convertido, junto a la Fiscal General, thelma Aldana y el comisionado de CICIG, Iván Velásquez, en los focos de atención y de los ataques de quienes defienden el marco de impunidad.

La Fiscal General Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, puntales para destapar el maso más importante de corrupción en el país.

Inicialmente fueron implicados 22 funcionarios y personas de la estructura criminal.  Se mostró como cabecilla al exsecretario privado de la vicepresidenta, Juan Carlos Monzón –prófugo durante un tiempo–, y a dos ex superintendentes de la SAT, Carlos Muñoz y Omar Franco, mientras los rumores apuntaban a que los cabecillas de la organización eran “el 1” y “la 2”, forma en que se identificaba en las escuchas telefónicas al presidente Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.  Con el tiempo ambos renunciaron a sus cargos y terminaron en la cárcel. Otro personaje clave, operador fuera del Gobierno, era Salvador Estuardo González, alias Eco.  Este último, junto con Monzón, se han convertido en las piezas clave para confirmar hecho, al convertirse en colaboradores eficaces, una figura que los convierte en testigos protegidos.

Salvador Estuardo González, alias “Eco”, fue el primero en convertirse en testigo eficaz.

Esto dice la CICIG sobre este caso:

  • El caso La Línea es amplio en su alcance, además de paradigmático, en cuanto mostró la forma de operar de los Ciacs dentro del Estado, esto es, mediante la utilización de ventajas y privilegios políticos -del más alto nivel- como base para diseñar una estructura paralela que se hizo del control de la administración tributaria y generó ganancias millonarias para todos sus integrantes en varias escalas, incluyendo a los entonces presidente y vicepresidenta de la República, bajo un esquema de recepción de sobornos provenientes de la defraudación de impuestos.

Las capturas siguieron hasta mayo de 2016, y las investigaciones hasta el momento han mostrado ser sólidas, pero no por eso el proceso ha avanzado.  Lo que ha trascendido es que las múltiples defensas de los implicados mantienen una estrategia coordinada para evitar que el caso avance, quizás pensado en los cambios que deben darse el próximo año al frenrte del MP, y en 2019, cuando teóricamente puede terminar el mandato de la CICIG.

El juez Miguel Ángel Gálvez ha sido clave para mantener el proceso en marcha.

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Pero la CICIG y el MP han sido blanco de ataques, rumores y cadenas de desinformación en las redes sociales, no solamente por fuerzas vinculadas al poder político de los implicados en La Línea, sino también por otros casos delicados, e incluso por su iniciativa de proponer reformas constitucionales al sector justicia,m en las que se incluyó un tema que dividió bastante a la sociedad en opiniones, como es el de la justicia indígena.

Analistas y abogados litigantes no vinculados al proceso, indican que el camino por transitar para este caso no es fácil, puesto que enfrentará esa estrategia de retraso, más la fuerza de la influencia en jueces y magistrados que se puede obtener luego del entramado que la clase política llevó a cabo para nombrarlos, favores que esperan sean pagados en su oportunidad.  También ven el peligro de que el caso y las sentencias puedan perder fuerza en la medida en que los jueces dicten sentencias más cerca o después de los cambios en el MP y el vencimiento de la CICIG.

Ahora, tras la declaración del Presidente Jimmy Morales, amenazando tácitamente al comisionado Velásquez de un cambio, se puede pensar que el mandatario –quien tiene a su hijo y hermano implicados en otro caso por corrupción– no pida que se prolongue el mandato de CICIG más allá de septiembre de 2019.

Han transcurrido dos años desde el “destape” del caso, pero es difícil anticipar que habrá resultados y condenas antes de que se cumplan dos años más.

 

 

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