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Caso ‘corrupción, construcción’: Sinibaldi blanqueaba dinero en Nicaragua

Una investigación judicial realizada por la CICIG y el Ministerio Público (MP) destapada este viernes, muestra que el  exministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, creo que un complejo esquema de corrupción y blanqueo de dinero en Nicaragua y muestra que el ex embajador Julio Ligorría fue estratega para obtener financiamiento electoral ilícito.

Alejandro Sinibaldi, titular de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda entre 2012 y 2014 bajo la presidencia de Otto Pérez (PP), es señalado de crear cinco empresas en Nicaragua para lavar dinero, explicó en una rueda de prensa el fiscal general en funciones, Luis Archila.

El exministro también creó compañías ficticias para recibir sobornos de ocho constructoras para el pago de deudas y proyectos de infraestructura con la institución.

Se estima que los sobornos a la red de Sinibaldi superan los 10 millones de dólares, que se revirtieron a los contratistas en pagos de deudas y adjudicación de nuevos contratos por alrededor de 241 millones de dólares.

“Primero se incentiva la maquinaria estatal mediante el pago del soborno para que el ministerio cancele el valor de la deuda de arrastre, o el valor de una nueva facturación”, declaró por su lado el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Sinibaldi está prófugo con orden de captura por su participación en la compra de un helicóptero como regalo al ex mandatario (2012-2015) –entre otros millonarios obsequios del caso conocido como Coperacha–  y ahora podría estar en el centro de otro caso de corrupción que involucra a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación de la ampliación de una carretera en el sur del país.

El exembajador Julio Ligorría, que estuvo destacado en Washington entre 2013 y 2015, es señalado de su lado de financiamiento electoral ilícito por presuntamente facilitar que la empresa telefónica Telgua, del magnate mexicano Carlos Slim, aportara 2 millones de dólares a la campaña electoral del partido de Pérez sin reportarlo.

También se ha indicado que otra empresa telefónica, Tigo,  involucrada en un litigio con Telgua en aquel entonces, podría ser investigada por sus relaciones con el anterior gobierno de la UNE y posible financiamiento igualmente ilegal para la campaña de ese partido.

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