Politica

Cabildeos espurios enturbian el ambiente político nacional

¿Que empresas pagan el cabildeo en EEUU solicitado por diputados? ¿Quién o quienes en el Gobierno apoyan complot contra embajador Todd Robinson y como se paga?.  La noticia de que por dos fuentes diferentes se ha contratado a una empresa de cabildeo –lobby– en Washington para para desacreditar al embajador estadounidense, ha vuelto a enturbiar el ya agitado ambiente político nacional.

La noticia está rodeada de gran cantidad de interrogantes, que alcanzan entre otros al presidente Jimmy Morales, cuatro diputados y a un amigo del presidente Claus Marvin Mérida.  Al final de cuentas, algunos de ellos podrían verse implicados en hechos ilícitos, mientras que la actitud de los parlamentarios vuelve a poner sobre el tapete la forma en que los parlamentarios se dejan influir por prebendas económicas que pueden llegar de diferentes partes.

Los hechos

Los diputados Fernando Linares Beltranena (PAN), Julio Lainfiesta (UCN), Jaime Regalado (MR) y Óscar Quintanilla (AC) contrataron a la firma Barnes & Thornburg para que hiciera cabildeo en Washington a favor de Guatemala y en contra del embajador Todd Robinson.  El caso es que Linares aseguró que los fondos para el contrato US$80 mil mensuales –poco más de Q600 mil– son pagados por empresarios guatemaltecos, sin dar a conocer los nombres de las personas o empresas.

El diputado Linares reconoció la contratación de la empresa estadounidense y que los fondos para el contrato provienen de grupos empresariales nacionales, pero se ha negado a brindar los nombres.

Con pocos días de diferencia, el amigo del Presidente, Marvin Mérida hizo un contrato al parecer similar con la empresa, pero a nombre del Estado de Guatemala, aprovechando que era en ese momento “embajador” nombrado directamente por su amigo, el presidente Morales.  Posterior a ello, y rodeado de todo un escándalo por sus declaraciones y acciones en Estados Unidos, la cancillería le retiró el nombramiento, pero el contrato tiene validez oficial.

No se ha establecido en el Gobierno de donde provienen los fondos para que se hiciera tal contratación, ni quien respaldaba al ex diplomático, a quien ya se le retiró la visa americana y el pasaporte oficial.

El Ministerio Público ha intervenido y principia a investigar a los implicados, porque hay varios ilícitos que podrían tipificarse, entre ellos la usurpación de funciones, pero podría haber otros.

En el ambiente político han vuelto a surgir dudas sobre la actuación de los parlamentarios en este caso, pero también en otros.  Entre las dudas que surgen, es por qué las empresas o empresarios que financian esta operación de cabildeo no dan la cara, y cual es su objetivo al promover acciones desde Washington contra el embajador Robinson.

Lo mismo apunta hacia el Ejecutivo, pues no está claro de que partida presupuestaria saldría el dinero, ni que fines se pretendían con el cabildeo solicitado.  Se ignora si la solicitud a la oficina de cabildeo incluía acciones en la ONU para influir en contra de la CICIG y del comisionado Iván Velázquez.

Se sabe que en el Congreso hay un grupo, posiblemente grande, de diputados, que temen que salga a luz alguna investigación sobre compra de votos para la aprobación de un crédito para facilitar un contrato con la empresa brasileña Odebrechet, implicada en casos de soborno por toda Latinoamérica.

Esta noticia se relaciona con la forma en que el presidente Jimmy Morales integró la delegación para acudir a un encuentro de alto nivel en Estados Unidos, de la que excluyó a la Fiscal General Thelma Aldana, además de impedir que se diera un foro en el que también participaría el comisionado Velázquez.

 

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