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Pugna en torno al cierre de CICIG: amparos y rechazo de la ONU

Tras el anuncio del presidente Jimmy Morales de terminar unilateralmente el mandato de la CICIG , el Secretario General de la ONU, António Guterres rechazó la decisión del gobierno de Guatemala, y ayer mismo se inició una batalla jurídica que se anticipa sumirá al país en una profunda crisis.

Al no cumplir con lo estipulado en el propio Acuerdo, la ONU mantiene su postura sobre el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que se ha mantenido por once años operando en el país por medio de prórrogas solicitadas por diferentes presidentes guatemaltecos, el último de ellos, el propio Jimmy Morales.

ntes de anunciarse oficialmente la decisión del cierre de la CICIG, el abogado constitucionalista Alfonso Carrillo había presentado una acción de amparo ante la CC en contra del Presidente de la República y el Congreso de la República, ante la amenaza de que se actuara contra la CICIG.

Anoche, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordan rodas, y el Director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, presentaron acciones de amparo en contra de la decisión del Presidente, por considerar que no se han seguido los canales legales para terminar con las funciones de la CICIG.

Estos tres amparos pueden dar marcha atrás a la decisión del gobernante.

La canciller, Sandra Jovel, dijo en Nueva York, tras reunirse con Guterres, que el Gobierno daba 24 horas para el cierre de la CICIG, contraviniendo el Acuerdo suscrito por Guatemala, según el cual, la única razón por la que se podía dar por terminado de manera anticipada dicho Acuerdo, era por “decisión de la ONU”, en caso que el gobierno guatemalteco no prestara la debida colaboración para el cumplimiento de su mandato.

Ayer, en una presentación realizada en el Palacio Nacional, el presidente Jimmy Morales presentó varios casos que consideró “las pruebas” de la forma en que la CICIG ha violado “todos los tratados de derechos humanos existentes”, además de acusar a la Comisión y a su comisionado, Iván Velásquez, de “violar nuestra Constitución y poner en peligro la seguridad nacional”.

Tanto la canciller Jovel, como el presidente Morales arremetieron contra la CC, cuyos fallos anteriores no han sido acatados y, aparentemente, el Gobierno está dispuesto a resistirse a cualquier orden en contra que pudiera dar el máximo organismo judicial del país.

Según trascendió ayer mismo, el siguiente paso que prepara el presidente Morales es acelerar los procesos de antejuicio contra tres magistrados de la CC, cuyo proceso se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe rechazarlo o enviarlo al Congreso de la República.

El presidente de ese organismo, Álvaro Arzú, ha sostenido reuniones con diversos bloques parlamentarios, con el fin de lograr los 105 votos necesarios para retirarles la inmunidad a los magistrados.

Sin embargo, antes de eso podrían presentarse acciones judiciales contra la solicitud que hiciera el Procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, por órdenes del presidente Morales.

Visto así el panorama, no se puede asegurar que el cierre de la CICIG sea inmediato, pero si que el país entra en un período de tensión institucional y la más profunda crisis política desde el intento de golpe de Estado de Jorge Serrano en 1993.

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