Opinión

ENFOQUE: A prueba Estado de derecho y sistema de justicia

Gonzalo Marroquín Godoy

Los países que viven bajo una dictadura o tienen gobernantes autoritarios, tienen varios factores en común, pero uno que destaca es el del control del poder político sobre el sistema de justicia, controlando completamente a jueces, magistrados, fiscalías y cortes, particularmente aquellas que resuelven en última instancia los procesos judiciales.

En una democracia auténtica, el funcionamiento de los pesos y contrapesos funciona, precisamente para evitar que cualquiera de los poderes del Estado pueda imponerse sobre los otros. Es entonces cuando se introduce el concepto de Estado de Derecho, en el cual, todas las personas –sin importar su posición– están sometidas al respeto de la ley.

La democracia funciona únicamente si funcionan las instituciones como pesos y contrapesos. El poder absoluto, corrompe absolutamente.

Hace algunos años participé en numerosas misiones para defender la libertad de prensa en distintos países del continente americano, pero pude comprobar como en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y en menor grado en Bolivia, los presidentes Chávez, Correa, Ortega y Evo Morales, controlaban las instancias de justicia a su sabor y antojo.

En unos más o en otro menos, pero en ninguno se podía hablar de independencia de la justicia, mucho menos del Estado de derecho. Es más, los presidente mencionados utilizaban el sistema de justicia para intimidar y perseguir a sus adversarios políticos, a los que incluso metían en la cárcel, como todos los que siguen las noticias internacionales lo saben.

En Nicaragua y Bolivia, las cortes constitucionales fueron manipuladas para facilitar las reelecciones de Ortega y Evo, este último llegando al extremo de mantener atrapados a los magistrados titulares, para que los suplentes dictaran una resolución para su última reelección.

En Guatemala, la Constitución de 1985 crea la figura de la Corte de Constitucionalidad (CC), precisamente para que exista un fuerte contrapeso que controle todos los poderes y garantice el respeto a la Constitución, entre otras atribuciones.

Por supuesto que la independencia de otros contrapesos, como pueden ser la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público (M), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ), son indispensables para que la democracia se pueda ejercer a plenitud.

Bien sabido es que el poder político ha ido borrando a los demás poderes del Estado. El Congreso manipula la elección del Contralor y de los magistrados de las cortes, lo que supone que la balanza del poder se inclina hacia el Congreso y el Ejecutivo, sobre todo, cuando este último es quien a su vez influye más sobre los diputados.

La CC ha servido de baluarte de la democracia. Impidió que Jorge Serrano pudiera consumar el golpe de Estado contra los poderes Legislativo y Judicial, pero estuvimos muy cerca de un descalabro y terminar bajo una dictadura.

Ahora es el presidente Jimmy Morales quien intenta borrar y controlar la CC, simple y sencillamente porque ese organismo –el más alto dentro del sistema de justicia guatemalteco–, ha tenido resoluciones en contra de políticas que él ha dictado, específicamente la prohibición de ingreso al país para Iván Velásquez y la cancelación de visas a investigadores de la CICIG.

El mandatario ha pretendido que esas resoluciones son –a su juicio– ilegales y por ello se cree por encima de la ley para no acatarlas. El Estado de derecho, entonces, no funciona, porque el mandatario se coloca por encima de cualquier resolución. Pero pone en un aprieto enorme a la CSJ, porque si proceden a darle trámite a la solicitud de antejuicio contra tres magistrados, estaría mostrando claramente que es un ente obediente y sumiso al poder político.

Lástima que el presidente Jimmy Morales no quiera darse cuenta al torbellino en que está metiendo al país. Esta acción puede provocar más destrozos institucionales y mayor división social, todo en la víspera del inicio de un proceso electoral que también será turbulento.

El mandatario ha convertido en una especie de cruzada ­–con el torpe argumento de defensa de la soberanía– su lucha contra la CICIG y el comisionado Velásquez, entorpeciendo así cualquier avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos males muy arraigados en nuestra democracia.

El presidente tiene todo el derecho y respaldo legal para no renovar el mandato de la CICIG, pero no tiene la potestad para expulsar a sus funcionarios como pretende, porque hay un Acuerdo con la ONU que tiene mecanismos específicos para disolverlo.

Triste, preocupante y temerosa la acción de Jimmy Morales. Ojalá que no siga arrastrando al país a un barranco por su intento de deshacerse de aquellos enemigos que tuvieron la “osadía” de ir contra él y su familia.

 

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