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Guatemala niega visas a 11 funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG

El gobierno guatemalteco negó las visas a 11 funcionarios de la Cicig, comisión de la ONU, clave en la lucha contra la corrupción y que ha pedido investigar al presidente Jimmy Morales por financiamiento ilícito en la campaña de 2015.

La  Cicig (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) señaló en un comunicado que la cancillería guatemalteca revocó las visas de cortesía otorgadas a tres funcionarios de la misión y derogó la emisión del permiso a otros ocho, sin informarles “cuál es el motivo que fundamenta su decisión”.

Además de “lamentar la decisión de Guatemala”, la Cicig detalló que “estudiará las acciones a seguir con el objeto de preservar el cumplimiento del acuerdo de creación” del ente entre el Estado de Guatemala y la ONU.

La medida fue tomada por varios sectores como un retroceso en el combate a la corrupción debido a que entre los funcionarios a los que se le negó la visa se encuentran los principales investigadores del ente internacional, según la prensa local y congresistas. “Negar las visas a investigadores de Cicig nos evidencia una vez más que al gobierno no le interesa la lucha contra la corrupción, al contrario buscan retroceder en los avances. Además de una grave violación al convenio de ONU”, indicó en su cuenta de Twitter la diputada opositora Andrea Villagrán.

El presidente Jimmy Morales anunció en agosto pasado que no pedirá una nueva ampliación de dos años al mandato de la Cicig, que funciona desde 2007, y el 4 de septiembre prohibió el retorno al país del jefe de la misión, el comisionado colombiano Iván Velásquez. El gobierno guatemalteco sostiene que la comisión es una amenaza a la paz al asegurar que sobrepasó sus funciones. Pese a que la corte constitucional indicó que Guatemala no le puede prohibir el ingreso a Velásquez, el gobierno mantiene una batalla legal para no acatar la orden de la máxima instancia legal del país.

La Cicig inició su mandato en nuestro país desde el 2015 tras conocerse un fraude en las aduanas, dicha investigación llamada la línea, que provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de la estafa y quien junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti guardan prisión.

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