Opinión

José Alfredo Calderón: Lo mismo pero diferente joven…

Si algo caracteriza a este paisaje, es la inoperancia de las prohibiciones. Cuando se funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala el 25 de julio de 1524, una vez hechos los trazos de la ciudad, se procede a trasladar a la población fundante y lo primero que deciden las autoridades españolas es redactar las ordenanzas, normativa de cumplimiento obligatorio que, en la práctica, no era tan obligatorio. Pues las primeras ordenanzas tienen que ver con dos prohibiciones: los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Lo simpático del asunto –por decir lo menos– es que la Iglesia y la Corona eran los principales importadores de los dichosos juegos de azar, que por supuesto, eran promovidos “bajo de agua”. La otra prohibición era la más risible, pues “todo mundo sabía en qué puerta tocar…”

Con el tiempo, durante la Colonia, los criollos fueron acuñando el término: “Se acata pero no se cumple”. Su origen estaba relacionado con la promulgación de las “Leyes Nuevas” en 1542, las cuales prohibían la esclavitud. Demás está decir que como grandes esclavistas que eran los conquistadores, se pasaron las nuevas disposiciones por “el arco del triunfo”, no sin antes decir que, por supuesto, se acataban. A estas alturas, mis pocos pero fieles y distinguidos lectores, se habrán percatado del por qué expresiones como: “No tenga pena”, equivalente a qué me importa y como a mí no me importa, a usted tampoco le debe importar, constituyen formas de anunciar el incumplimiento de las normas o instrucciones. Total, para después de los hechos, se cuenta con el famoso y arraigado “fíjese que”, el cual puede explicar cualquier cosa relacionada con el incumplimiento o la “chambonada” que se hizo. Por eso es que también en lugar de decir sí, decimos “bueno”, “ajá” o “bien”, pues la afirmación a secas (sí), puede interpretarse como un compromiso y eso es lo que menos quiere el chapín. Ahora bien, esos diletantes y hasta cómicos modismos, ya los he abordado con más amplitud y el caso que me ocupa hoy, es referirme al adelanto de la campaña electoral.

No está usted para saberlo ni yo para contárselo[1], pero existen en Guatemala más de 70 mil normativas (si leyó bien, no se asuste). La inmensa mayoría son obsoletas, inoperantes, contradictorias y hasta risibles, pero la reticencia a aceptar la autoridad y la histórica (ya lo vimos) tendencia a ignorar la norma, hace que todo esto se convierta en irrelevante. De esta cuenta, anticiparse a la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral –TSE– para hacer campaña, lo cual está “estrictamente prohibido”, resulta algo que le tiene sin cuidado a todos los sujetos obligados. De hecho, los primeros en promover esta acción (históricamente reiterativa), son algunos medios de comunicación que ya empiezan a barajar nombres, promover figuras y apartar espacio en sus emisiones periódicas para hablar del ambiente electoral, posibles escenarios, alianzas, desamores, pero siempre –por supuesto– en el marco de que “está prohibido hacer campaña anticipada”.

La convocatoria oficial se hará en la segunda o tercera semana de enero 2019, pero a esas alturas, ya el escenario electoral estará bastante avanzado. Lo que no queda suficientemente claro, es cómo las elecciones próximas serán diferentes a las anteriores, si la estructura política de Guatemala, sigue siendo básicamente la misma. Las tímidas reformas electorales de 2016, tenían sentido si y solo sí, se daba la segunda parte, las de más fondo, que supuestamente se harían en 2017 para dar tiempo al TSE para prepararse e implementarlas. No fue así y se dio lo que ya se esperaba: otras “alegres elecciones” que son básicamente lo mismo pero con algunos cambios –que no son estructurales– pero que si marcarán una elección atípica.

Me explico. ¿Contamos ya con verdaderos partidos políticos, es decir, instituciones de derecho públicas que sirvan de intermediarios entre la Sociedad y el Estado? ¿Se democratizaron y transparentaron estas estructuras electoreras? ¿Contamos con un TSE fuerte y verdaderamente supremo? ¿Se tiene garantía de que solo participarán personas idóneas y probas? ¿Hay garantía de que los llamados partidos políticos presentarán planes de gobierno, realistas, técnicos y pertinentes? ¿Se eliminó a la vieja clase política y sus tradicionales prácticas perversas? ¿El voto nulo es vinculante? ¿Se cuenta con un sistema político-electoral que facilite y garantice la plena y diversa participación? ¿Se garantiza la integridad física, moral y psicológica de todos los que se atreven a participar? La respuesta a todas estas preguntas (y muchas más) las tiene usted estimado lector. Ahora bien, lo anterior no significa que las reformas del 2016 no sirvan, pues si impactarán –como ya dije– en la realización de unas elecciones atípicas. He aquí los cambios principales:

  1. Voto migrante: Aunque muy difícilmente se pueda implementar en estas elecciones, ya se abrió la brecha. Que tan masivo e impactante pueda ser, solo el futuro lo puede decir, pues históricamente, países como México, con millones de repatriados, tienen una magra participación porcentual en las votaciones.
  2. Financiamiento electoral anónimo e ilícito: Ya la Corte de Constitucionalidad dijo que deben separarse las dos formas y ambas son penalizadas. Con la exposición pública de las élites empresariales y su posterior condena[2], será difícil que cualquiera se arriesgue, pues no solo el TSE lo investigará, sino la misma CICIG y el MP. Las campañas multimillonarias y tediosamente largas serán cosa del pasado. En consecuencia, habrá más equidad y el suplicio ciudadano se reducirá a tres meses y no años.
  3. Pauta comercial política mediada por el TSE: Ya los partidos políticos no podrán contratar publicidad directamente sino lo tendrán que hacer por medio del ente rector del proceso electoral (TSE). Esta reforma depende de la acción de amparo interpuesta por cámaras empresariales y que está pendiente de resolverse por parte de la Corte de Constitucionalidad. De no prosperar el amparo, las campañas serán más ecuánimes y la distribución de la pauta en medios de comunicación más equitativa, pues se distribuirá de esa forma entre todos los partidos sin preferencia alguna. Esto puede derivar en el abandono de las campañas tontas y la puesta de atención en mensajes con mayor contenido.
  4. Campaña más corta: Tanto la pauta como el lapso de campaña son mucho más pequeños, y eso obliga a optimizar el espacio, el tiempo y el mensaje. Sin embargo, acortar el tiempo podría derivar en campañas negras más agresivas, difícilmente revertibles en tan poco lapso.
  5. Transfugismo: Uno de los cambios verdaderamente importantes que todavía podría ser revertido por esos personajes que no terminan de sorprender. En la actual legislatura, hay 76 diputados que cambiaron de partido político una vez electos, por tanto, no podrán reelegirse. Desgraciadamente, la llegada de “nuevos” no garantiza nada, pues el actual Congreso tiene más de la mitad de integrantes con primera legislatura.
  6. Presidente Electo y Presidente en funciones: Dado que la primera vuelta es en junio y la segunda en agosto (45-60 días después), se tendrá un lapso mayor de transición, lo cual aumentará el vacío de poder durante varios meses.[3]
  7. Peso de la tecnología y las redes sociales: Este factor no se relaciona con las Reformas Electorales pero aportará sensiblemente en este proceso electoral. Ya en 2015 demostraron su impacto y en 2019 será mucho mayor.[4]

Como ve joven, será lo mismo pero diferente…

 

José Alfredo Calderón E.

Historiador y Observador Social

[1] Otra forma tropical para indicar que me lo pregunte o no, le parezca importante o no, yo le voy a contar algo que sí considero que debe saber y punto.

[2] Que la penalización haya sido ejemplar o no es otro tema.

[3] Particularmente sensible cuando se tiene un desgobierno como el actual.

[4] Cuatro años en términos tecnológicos es mucho. Los avances, la universalización y el impacto cada vez es más contundente.

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