Nacionales

2017: De batalla en batalla

Este ha sido un año de muchos desgaste para todos: Gobierno, Congreso, OJ, sociedad civil, instituciones de sector justicia, sector político, organizaciones populares y gremiales, instituciones del Estado y población en general.  Nadie escapa al huracán que ha creado momentos de zozobra y mantiene incertidumbre de cara al futuro.

 

Análisis Crónica

 

Tras el fuerte golpe a la vieja política en 2015 y el inicio de una guerra declarada en contra de la corrupción por parte del MP y la CICIG, se pensó en un cambio en el esquema político y social del país.  No ha sido así, y tras un año de transición, en 2017 estallaron diversas batallas para determinar el rumbo a seguir, sin que a la fecha haya nada definido y la incertidumbre predomina.

El Gobierno y el presidente Jimmy Morales se bajaron pronto del carro para combatir a la corrupción y la impunidad, al extremo de generar la más fuerte confrontación del año al intentar detener de tajo la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), causando –además– mayor división entre la sociedad.

Los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, así como el poder local –municipalidades–, han sido cuestionados en diversos niveles y formas, pero ninguno  ha dado muestras de transparencia, mucho menos de querer provocar un cambio radical en su actuar y construir la añorada nueva política.

 

1ª. Batalla perdida

Muy temprano en el año se produjo la primera escaramuza, que pronto se convirtió en intensa batalla por las reformas constitucionales al sector justicia.  La iniciativa surgió abanderada por Iván Velásquez (CICG) y Thelma Aldana (MP), con el apoyo del entonces Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León.

Curioso, el presidente Morales se prestó para entregar el proyecto al Congreso junto con los presidentes del OJ, Ranulfo Rojas, y del Organismo Legislativo, Mario Taracena. En ese momento, parecía una relación armoniosa entre la trilogía Ejecutivo-MP-CICIG, pero poco durarían los amores, porque Manuel Morales y Sammy Morales, hijo y hermano del Presidente, fueron acusados en uno de los muchos casos de corrupción ­– Botín Registro de la Propiedad– que los entes fiscalizadores han destapado en los últimos dos años.

Mientras en el Congreso estallaba la pugna y se ideologizaba el debate de las reformas –principalmente por el tema de la justicia indígena–, el mandatario se alejaba del proyecto y también de los dos líderes que la empujaban.

Aldana y Velásquez presionaron para que las reformas avanzaran, aun sacrificando algunos de los cambios propuestos, mientras en el Congreso empezaba a cobrar fuerza un bloque conservador e identificado con la vieja política.  Las reformas fracasaron, se archivaron, pero atrás el debate público dejó heridas en la sociedad y causó el primer gran desgaste para ambos personajes, que principiaron a ser tildados de izquierdistas, para llevar los ataques a un campo que es sensible en el país y disminuir su base de apoyo en los segmentos altos de la sociedad.

Jimmy Morales, que entregó personalmente el proyecto de reformas al Congreso, no hizo ni el menor esfuerzo porque su partido las respaldara.

El Gobierno siguió dando muestra de poca capacidad operativa e ineficiencia, mientras el ambiente mostraba tensiones intersectoriales y cada vez más brotes de conflictividad social por temas como hidroeléctricas o minería, sin que haya –hasta la fecha– una política pública definida en alguno de esos casos.

AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ

 

ESTRATEGIA 1: RETRASO

En un ambiente complejo, con el sistema de justicia cooptado por las mafias, aunque con temor al MP y la CICIG y con cerca de 20 casos de alto impacto en los tribunales, se hizo evidente la estrategia de defensa de los acusados, porque principiaron a retardar los procesos con amparos, impugnaciones y otras acciones legales.

En ese momento había una clara estrategia para debilitar a las dos instituciones –MP y CICIG–, pero pronto llegaría la oportunidad de un paso más, cuando otro tema entró en la escena con fuerza: el financiamiento electoral ilícito.

La estrategia de retraso se desarrolló con la mirada puesta en la salida de Aldana en mayo de 2018.  Con Aldana fuera y un Fiscal General afín, el trabajo de la CICIG se vería debilitado totalmente.

Por otro lado, gran parte de la opinión pública quiere resultados inmediatos y castigo a los corruptos, pero al no avanzar los casos, surge la frustración y hasta el malestar.  Esas fuerzas oscura que se mueven en redes sociales repiten y repiten que el MP y la CICIG han sido incapaces de llevar a juicio los casos más emblemáticos y obtener sentencias condenatorias.  No dicen que el retraso lo causan los propios acusados, quienes prefieren seguir en prisiones VIP a la espera de lo que podrían ser sentencias leves y volver a la libertad.

 

ESTRATEGIA 2: Contra Iván

Paralelamente a lo que ha venido sucediendo en tribunales, una de las preocupaciones de Aldana y Velásquez, ha sido que la comprobación –producto de sus investigaciones– que la corrupción viene a partir de los partidos políticos y el financiamiento de campaña, ya que es por medio de este que se coopta a los futuros gobernantes, diputados, alcaldes y, por medio de ellos, a jueces y magistrados.

Sabiendo de esto y conociendo la mecánica que se ha utilizado para financiar las campaña y a los candidatos –eso explica el enriquecimiento de algunos de ellos, aunque no ganen las elecciones–, el MP y CICIG profundizaron las investigaciones y es entonces cuando viene aquella explosión, que se transforma en la profunda y aun latente crisis política y social.

Como muchos sabían y la prensa –específicamente elPeriódico– lo había denunciado, el partido FCN-Nación ha actuado siempre como la vieja política.  En el financiamiento de campaña ilícito no ha sido diferente e incluso se dice que el oficialismo recibió fuertes sumas de dinero de grupos narcotraficantes.

El problema es que el Secretario General del partido era nada menos y nada más que Jimmy Morales y la persecución penal debe ser entonces en su contra.  No fue dirigida exclusivamente a él, lo mismo sucedió contra el entonces partido Líder y la UNE.  Es entonces cuando se pide el antejuicio contra los tres que fungían como secretarios generales en la campaña 2015: Jimmy Morales, Orlando Blanco y Roberto Villate.

El presidente tenía conocimiento de la investigación y se lanza directamente contra Velásquez a quien intenta expulsar del país, provocando una nueva confrontación ideológica, política y social.

Al fracasar en su intento por la intervención de la CC que le corrige la plana al mandatario, se abre la siguiente estrategia, que está abierta.

 

ESTRATEGIA 3: Unidos

El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Al verse contra las cuerdas, el presidente Morales no tuvo más remedio que buscar aliados, y los encontró muy pronto, porque la lucha contra la corrupción ha provocado anticuerpos en muchos sectores o personas que se siente amenazados por el MP, la CICIG, e incluso por la SAT.

Los primeros aliados naturales fueron los diputados –uno de cada tres parlamentarios tenía señalamientos–, quienes se prestaron para impedir que le retiraran la inmunidad al Presidente.  Otros surgieron por generación espontánea, pero por la misma razón: unir filas contra quien se considera enemigo común.

Es entonces cuando aparecen los alcaldes –casi todos los presentes con señalamientos o denuncias en su contra–, encabezados por Álvaro Arzú y Edwin Escobar, se suman los ganaderos –que repudian la fiscalización de la SAT–, y por supuesto sectores empresariales, aunque sin hacerlo público y ex militarea.  Está de más comentar que la misma línea de acción siguen los acusados presentes en las cárceles VIP.

Los que nunca se han pronunciado tampoco, son el grupo de magistrados y jueces que responden a intereses de la clase política que les llevó al cargo, juntamente con sectores que han operado para garantizar impunidad y ahora quieren también débiles o fuera al MP y la CICIG.

La determinación de Arzú de apoyar este movimiento a favor de la corrupción, cobró fuerza cuando él mismo se vio implicado en el caso Caja de Pandora, precisamente por el financiamiento electoral ilícito que practicó para su última reelección.

Los diputados intentaron ir más allá, y aprobaron reformas al Código Penal con el fin de defender a corruptos, dirigentes políticos y a sí mismos, pero también beneficiaban a delincuentes comunes.  Esta acción generó un repudio gigantesco contra los parlamentarios que se mantiene.

 

ESTRATEGIA 4: Copar

Aunque la crisis no ha terminado, se entró en una calma chicha, durante la cual se mantiene la lucha entre ambos grupos.  Esa alianza macabra que se ha creado en torno al presidente Jimmy Morales se prepara ahora para impulsar un cambio ad hoc  en el Ministerio Público.

Desde ya se barajan nombres de aspirantes a suceder a Thelma Aldana.  Hay dos corrientes en ese sentido, los que quieren un fiscal nuestro, pero fuerte y firme a su favor –tipo Acisclo Valladares, cercano al Gobierno y a Mario López (Tigo), quien ahora se siente acosado–, mientras que otros le sugieren al oído al gobernante que se incline por uno que no sepa ni a chiche ni a limonada, pero que sea manejable.

Se espera, eso si, que la presión sea grande, pero hay que recordar que la elección final depende del presidente Morales.  El trabajo más fuerte lo piensan hacer en la comisión de postulación, que es la que eleva una lista de 6 candidatos para que se escoja a uno de ellos.

Este momento tiene inquieta a la comunidad internacional, que ha principiado a enviar mensajes a Casa Presidencial para que se busque mantener la independencia de la justicia.  Los mensajes, hasta ahora, no tienen impacto.

 

La contraestrategia

El comisionado Iván Velásquez ha comprendido que la sobreexposición pública le trae más desgaste que fortaleza, por lo que ahora es más selectivo con sus presentaciones.  Sin embargo, ha intensificado sus reuniones con la comunidad internacional y su participación en foros internacionales.

Además, él y Aldana saben que el tiempo está en su contra, lo que les ha llevado a dedicar más esfuerzos y tiempo en los casos que están por venir, y tratar de que los que ya están en tribunales avancen pronto.  Esto, porque en la medida en que el futuro(a) Fiscal General encuentre mayor compromiso y tareas por sacar adelante, se hará más evidente si no quiere seguir en la misma ruta.

El lobby realizados por sectores y diputados en contra de Velásquez y la CICIG en Washington no ha surtido efectos, al extremo que el Departamento de Estado mantiene una línea de malestar hacia Guatemala, aunque el embajador Luis Arreaga, se ha mostrado más conciliador que se antecesor, aunque con un discurso igualmente encaminado a mantener la línea en contra de la corrupción y la impunidad en el país.

AFP PHOTO / Johan ORDONEZ

 

Efectos de la crisis

Falta de gobernabilidad, conflictividad social y confrontación de la sociedad son algunos de los efectos directos de esta crisis latente y permanente.  Sin embargo, hay muchos efectos más derivados, como por ejemplo la falta de desarrollo y el estancamiento de la economía.

Este ha sido un año particularmente complicado para todos los sectores económicos del país, al extremo que, aunque no se puede hablar de un descalabro de la Economía, si se ve una desaceleración que ya se refleja en los índices macroeconómicos.

No se ha detenido el flujo migratorio por más amenazas que se haga a los migrantes, la pobreza se agudiza, la educación y salud siguen igual –es decir en pésimas condiciones– y la inversión ha brillado por su ausencia en 2017.

 

El nuevo año

No es fácil anticipar lo que sucederá a partir de enero de 2018, pero cabe esperar que las condiciones y situaciones que hemos vivido no cambiarán.  El MP y la CICIG ya han anticipado que vienen nuevos casos –es de suponerse que de alto impacto–, llegará a su fin el juicio contra hijo y hermano del Presidente y se iniciará el proceso de elección de Fiscal General.

Las estrategias continuarán su marcha y a mediados de año principiará la efervescencia política.  No habrá reformas a los sectores justicia y político, y la confrontación social se mantendrá.  No hay buenas perspectivas para el nuevo año, salvo como dicen muchos analistas y observadores: la ciudadanía es –al parecer– la única que puede generar cambios, o no.

 AFP PHOTO / JOHAN ORDONEZ

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