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CICIG confirma que Fiscal General nunca detuvo investigación

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), negó cualquier retardó en la investigación del Ministerio Público sobre un caso de contrabando de granos básicos.

El análisis realizado por organismo de la ONU se realizó tras una solicitud de la Fiscal, Thelma Aldana,  para que se determinar si existen indicios que indicaran que la titular del MP retrasara el expediente, sin embargo, esto no fue así.

En el mes de octubre del  2014 el Ministerio Público conoció de las actividades de una estructura criminal dedicada al contrabando de productos provenientes de México, la cual evadía controles aduaneros y sanitarios. Según la CICIG,  esta investigación surgió de otra que se venía desarrollando conocida como caso “agua-miel”, cuya estructura criminal fue desarticulada el 5 de marzo del año 2015.

El ente investigador sostiene que el MP ha venido profundizando en las formas de operar de la estructura. Se pudo determinar que se han realizado diligencias policiales de campo, análisis documental, análisis financiero, requerimiento de informes a la Contraloría General de Cuentas -CGC-; la Intendencia de Verificación Especial -IVE-, y la Superintendencia de Administración Tributaria, -SAT, asegura la comisión a través de un comunicado.

El análisis comprobó que los más de 15 expedientes del caso aparecen en orden, con información recientemente obtenida e incorporada. El Agente Fiscal y el Auxiliar Fiscal de la causa manifestaron nunca haber recibido instrucción alguna de la Fiscal General o de cualquier otra persona para detener el caso que sigue su curso.

La CICIG argumenta que se detectó que uno de los hechos que causó retardo en el ritmo de la investigación fue el cambio del equipo de investigadores policiales de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), quienes son reemplazados después de haberse desarticulado la estructura criminal del caso “agua-miel”.

Además aseguran que el MP solicitó varias auditorías y apoyos a entidades externas (auditoría de la SAT, IVE, auditoría de la CGC, análisis financiero, entre otros), y que cada una de ellas se demoró algunos meses en brindar los resultados. Por ejemplo, el informe solicitado por el Ministerio Público a la SAT sobre una de las empresas involucradas, tardó 8 meses en ser entregado con la información requerida.

La entidad que dirige Iván Velásquez, expresó que la investigación criminal de la causa examinada se ha desarrollado con pertinencia en su planificación; que se ha diligenciado un alto número de actividades policiales, que se han solicitado los informes necesarios a otras dependencias competentes del Estado de Guatemala y que los tiempos utilizados se enmarcan dentro de los parámetros regulares del Ministerio Público de Guatemala.

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